El 26 de noviembre de 2025, con 139 votos, el Congreso de la República de Guatemala aprobó en horas de la madrugada el Decreto 27-2025, que contiene el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2026, por un monto de Q163,469.3 millones.
Recientemente, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) emitió un análisis técnico en el que expone observaciones de carácter legal, técnico y de transparencia sobre el proceso legislativo que dio origen al decreto.
El centro de investigación señaló que la aprobación se realizó mediante un procedimiento acelerado, lo que redujo los espacios para una discusión técnica suficiente y limitó la posibilidad de evaluar de forma integral los cambios incorporados al dictamen final.
Según el CIEN, la forma en que se tramitó el presupuesto afecta la calidad del debate fiscal, ya que no permitió contrastar adecuadamente las prioridades de gasto, la sostenibilidad de los ingresos ni el impacto de las modificaciones introducidas respecto de la propuesta original presentada por el Organismo Ejecutivo.
Lavarreda explica que uno los puntos más controversiales es la asignación extraordinaria de Q6,312.1 millones para los CODEDES. Agregó que esa cifra carece de un listado de proyectos que respalde dicho monto.
Destacó que la distribución también presenta profundas desigualdades, como por ejemplo el Municipio de Mixco, que tendrá un aproximado de 89 centavos por persona asignados.
Entre las recomendaciones finales, el CIEN propone que se eviten nuevas asignaciones sin respaldo técnico o legal dentro del Presupuesto del Estado, así como exigir resultados ante los montos asignados a cada institución.
Finalmente, comentaron que es acertada la decisión de la Junta Monetaria en presentar una inconstitucionalidad contra el artículo 85 por el uso de reservas internacionales, en virtud que fue una atribución que la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso tomó sin previa consulta.
Respecto al gasto público, los especialistas señalaron que el Congreso introdujo modificaciones sustanciales al decreto, ya que la categoría de gasto sí fue modificada por el Congreso considerablemente, reescribiendo 26 artículos, eliminando cuatro y agregando 27 disposiciones nuevas, las cuales no cuentan con estudios técnicos previos ni planificación adecuada.
Redacción: Bryan Choy
