La Procuraduría General de la Nación informó que el Estado de Guatemala obtuvo un fallo favorable en un arbitraje internacional de inversión ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones y evitó pagar US$499 millones.

El Estado de Guatemala ganó un arbitraje internacional con el cual evitó el pago del monto reclamado, según comunicó la Procuraduría General de la Nación.

Según la información oficial, la PGN fue notificada del fallo a favor del Estado en el arbitraje internacional promovido por Daniel W. Kappes y Kappes, Cassiday & Associates ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).

El CIADI, con sede en Washington D. C., lleva el registro de este caso como uno de los litigios internacionales en los que participa la PGN. El comunicado indica que, en este proceso, los demandantes exigían a Guatemala el pago de US$499 millones, que supone alrededor de unos Q3 mil 817 millones.

Sin embargo, explican que “El tribunal rechazó completamente el reclamo de los inversionistas, evitando ese pago millonario y, además, ordenó que el Estado de Guatemala reciba US$379 mil 940.76 como reembolso en concepto de costos procesales”.

El pronunciamiento concluye que este es un hecho histórico para el país y reafirma el compromiso de defender con eficacia los intereses del Estado.

Según los registros, los demandantes estaban a cargo del proyecto minero El Tambor, ubicado en los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc. La operación de la mina fue suspendida en 2016 por un amparo definitivo otorgado por la Corte Suprema de Justicia y, de forma provisional, por la Corte de Constitucionalidad.

Posteriormente, en junio del 2020, la CC emitió sentencia, confirmando la suspensión y ordenó realizar una consulta comunitaria. Luego, los inversionistas del proyecto presentaron una demanda de arbitraje internacional ante el Ciadi.

El Centro de Acción Legal y Social de Guatemala, informó en su momento que fue notificado de la sentencia de la CC en el caso conocido como La Puya. Además de suspender la licencia minera, la Corte requirió al Ministerio de Energía y Minas que determine los datos demográficos de la población indígena afectada por el proyecto, y fijó un plazo de 12 meses para llevar a cabo la consulta estipulada en el Convenio 169 de la OIT.

Por Bryan Choy

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