La reciente ola de ataques armados contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y los motines simultáneos en centros penitenciarios como Renovación I, Fraijanes II y el Preventivo de la zona 18, han puesto de manifiesto un quiebre del control territorial del Estado, según coincidieron expertos invitados en el análisis “Estado bajo presión: crisis carcelaria y ataques contra la PNC”.
El panel, conformado por Napoleón Barrientos, exministro de Gobernación; Mario Duarte, exsecretario de Inteligencia del Estado; y Julio Clavería, exviceministro de Gobernación, abordó cómo la coordinación de las pandillas privadas de libertad y la falta de inteligencia institucional permitió que los ataques y motines se produjeran casi simultáneamente, evidenciando la vulnerabilidad del sistema de seguridad nacional.
Barrientos señaló que la ausencia de información procesable dejó a las fuerzas de seguridad “con los ojos cerrados” ante una ofensiva planificada desde las cárceles. “En operaciones de alto impacto, el sistema de inteligencia debería alertar de forma oportuna, pero hay un gran vacío que permitió la muerte de varios agentes”, dijo.
Duarte destacó que la violencia observada refleja patrones de criminalidad que no se veían desde hace años y reabre el debate sobre la eficacia de las políticas de seguridad y la necesidad de revisar los mecanismos de prevención del crimen organizado.
Clavería enfatizó que los motines y ataques no se solucionarán con operativos aislados, sino que requieren una reforma integral del Sistema Penitenciario, que incluya mejoras en infraestructura, gestión y control, con el objetivo de fortalecer la seguridad a mediano y largo plazo.
El análisis también abordó la falta de coordinación y liderazgo en el Sistema Nacional de Seguridad. Barrientos y Duarte coincidieron en que la cadena de mando falló desde la inteligencia civil hasta el Ejecutivo, dejando a los policías vulnerables frente a las acciones coordinadas de las pandillas.
Clavería criticó las decisiones políticas que han debilitado al Ministerio de Gobernación y permitieron la fuga de internos altamente peligrosos, a quienes vinculó con los ataques recientes. Resaltó la necesidad de investigar a fondo la corrupción dentro del sistema penitenciario para evitar que hechos similares se repitan.
En respuesta a la crisis, el Gobierno decretó el estado de sitio en el país. Los expertos coincidieron en que su efectividad dependerá de la claridad en la aplicación de la ley, la coordinación entre Policía y Ejército, y el seguimiento de protocolos que permitan controlar la violencia sin afectar de manera injusta a la ciudadanía.
Barrientos agregó que la responsabilidad recae en el presidente y el ministro de Defensa para garantizar la seguridad pública, mientras que Clavería advirtió que la medida no resolverá los problemas estructurales del sistema penitenciario, que requieren reformas profundas y sostenibles.
La crisis ha dejado un saldo de ocho policías fallecidos y varios heridos, y ha evidenciado la capacidad de las pandillas para planificar ataques armados de alto calibre. Los expertos coincidieron en que el Estado debe actuar con rapidez y precisión para contener la violencia, proteger a la ciudadanía y garantizar el cumplimiento de la ley.
Redacción Web
