Canal Antigua presentó un programa especial con entrevistas con expertos en seguridad, analistas políticos y diputados para discutir la petición de estado de sitio por parte del Ejecutivo ante la crisis de seguridad en el país.
Un fin de semana violento en las cárceles y ataques de pandilleros contra policías, llevó al Ejecutivo a solicitar un régimen de excepción para mantener el control y actuar con más libertad ante estructuras criminales, en una coyuntura sin precedentes para la estabilidad del país.
Estado de sitio por 30 días: ¿Qué implica?
El espacio de opinión comenzó con Ricardo Córdova, experto en análisis constitucional, quien dijo que el estado de sitio es el “penúltimo antes de llegar a un estado de guerra”. “Es cuando ya se está en un momento crítico. Con respecto al acuerdo, sobre el derecho de reunión y manifestación, creo que hay más dudas con la primera, pues qué pasa con actividades como bodas o ferias, por ejemplo. El problema es con la portación de armas que el derecho está suspendido, pero vamos a ver que dice el Congreso”, dijo.
Córdova señaló que se palpa una falta de planificación sin continuidad por parte del gobierno. “Cada cuatro años se ofrece lo mismo y no hay una política de seguridad. También hay una teoría sobre que hay personas y sectores que viven del delito”, dijo.
Añadió que el Ejército puede actuar y el presidente toma su control. “Puede hacer capturas y otras amplitudes que usualmente no miramos. Pueden hacer un allanamiento, y no se encuentra la prohibición de ingresar a hogares; el Ejército podría ingresar en el horario que no está legalmente dado y podría hacerlo”, dijo.
Córdova recomendó a ciudadanos estar identificados en las calles y además a los extranjeros, a quienes sí les afecta el estado de sitio, aseguró. “Si no está haciendo nada malo pues no debería tener problemas, pero hay que guardar la calma. Si lo paran en un retén es de ser cordial y no ponernos en riesgo y perder la cabeza, pues las garantías están suspendidas”, explicó.
En el espacio se sumó Gabriel Orellana, experto en temas constitucionales y excanciller, quien consultado sobre las implicaciones para el país en los derechos humanos, citó el Pacto de San José, y aseguró que no se opone a la medida, pues “en circunstancias calificadas un estado puede limitar las garantías constitucionales”.
“Además establece un requisito de aviso de cada Estado que tome esta decisión a fin de tener sobre aviso al sistema interamericano de derechos humanos. Otro principio es de la razonabilidad de las medidas y derechos”, dijo.
Orellana además dijo que es posible que hubo omisiones que condujeron a esta coyuntura, pero recordó que “es propio de la vida política”. “Tan lo es que la Constitución y si retrocedemos, siempre han incluido un capítulo a esto, y en la ciencia algunos tratadistas los califican como momentos de patología constitucional; por ejemplo, cuando un catarro se le da a cualquier persona por más sana que sea. Son situaciones indeseables pero ocurren en la vida política de los estados”, señaló.
Consultado por la participación de menores en las pandillas y su tratamiento legal, Córdova recordó que existen centros para el tratamiento de menores, pero son más reformatorios. “Es una obligación del Estado reformarlos. Cuando hay un tratamiento para ellos, tiene que haber un adulto responsable, sino es la PGN la que actúa”, añadió.
Orellana, consultado por si se suspenden actividades, citó que no es lo mismo acudir a la universidad que ir a una “junta de individuos que traman una actividad que no es pacífica”.
“Es implica el uso de un tamiz cerebral para saber distinguir cuando hay actividades sospechosas y cuando no las hay, por lo que no le veo problema. Es cierto que en el pasado hubo abusos de la autoridad y entraban a la universidad, pero en este momento lo más razonable es que usted no irá a buscar a los mareros allí”, acotó.
El experto dijo que para evitar abusos por parte del Estado, hay limitaciones en la Constitución y la ley, además que los funcionarios son depositarios de ésta.
Comparación con El Salvador y la inteligencia de Estado
Al análisis se sumó Ricardo Sosa desde El Salvador, experto en seguridad; y Hugo Peña secretario general del partido Comunidad Elefante.
Sosa resaltó el caso de su país y ofreció datos reducidos sobre homicidios. “Es el país con menor tasa de violencia homicida en toda Latinoamérica. El Ejecutivo anterior no hizo los acercamientos por la vía adecuada, y además Arévalo ha sido uno de los mayores detractores de la política de Bukele. Ha tenido que tragarse sus palabras y aplicar las medidas que realizó Bukele”, recalcó.
Peña por su lado consultado sobre qué plan se debe aplicar durante el régimen de excepción, explicó que “no estamos listos” para insertarse en inteligencia en las clicas de los centros urbanos en la Ciudad de Guatemala. “Hay un movimiento terrible y la población ha crecido en desorden. No sabemos donde están las operaciones básicas, pero no hay inteligencia operativa. Le debemos poner atención a este tema, porque es histórico esto. Nuestro caso es diferente al Salvador, porque los acuerdos de paz no fueron legitimados”, dijo.
Añadió que en el gobierno de Oscar Berger se “desactivó el sistema de inteligencia” siguiendo los referidos acuerdos, rebajando el número de efectivos en inteligencia.
Sosa, consultado sobre las críticas hacia las acciones de Bukele, dijo que el plan presidencial tiene mucho apoyo desde los ciudadanos. “La misma población le exige endurecer las acciones. La oposición también ha votado a favor de la estrategia de Bukele. La población, 9 de cada 10 no quieren que se de un paso atrás con las medidas que han traído paz y han librado de la extorsión”, explicó.
Además participó Charles Bland, presidente del CACIF, quien consultado sobre si las medidas deben contemplar compra de mejor equipo para las fuerzas de seguridad, señaló que el gobierno debe proveer el mejor equipo para enfrentar al crimen organizado.
Peña aseguró que se debe desconcentrar financieramente y administrativamente al Estado. “La corrupción es la palabra de moda, y el sistema es lo que acapara la atención. Con la ley actual de contrataciones del Estado se podría que los ministros no acaparen el dinero, para socializar la inteligencia en el país. Falta voluntad política y entendimiento del sistema”, dijo.
Bland añadió que la afectación es contra las inversiones y la atracción de negocios al país. “En una inversión que tanto hemos buscado, esa gente no querrá venir y lo pensará dos veces. La seguridad es importantísima y sin inversión no saldremos adelante”, resaltó.
Sobre a su criterio, qué debió ser agregado al estado de sitio, Bland indicó que “no debería de haber un estado de sitio para adquirir mejor equipo”, para las fuerzas de seguridad. “Se necesitan reformas de fondo. Tenemos que tener el control como Estado para que las normas se respeten, hoy y mañana, no porque haya un estado de sitio. Estoy de acuerdo que el Congreso le hizo correcciones, pero insisto en que no es algo de medidas temporales”, recordó.
Armando Castillo, secretario general del partido VIVA, resaltó los cambios del Congreso al estado de sitio enviado por el Ejecutivo. “La población debe estar tranquila y no debe alarmarse. Si no hay necesidad de salir no lo hagan”, dijo.
Añadió que el estado de sitio debe ser limitado para las compras que pueden darse. “Una de las principales responsabilidades es velar para que no sea un cheque en blanco y que se focalice para darle seguridad a los ciudadanos. Muchas de las cosas que se van a hacer con el estado de sitio se podían hacer sin él. Esperamos que las autoridades tengan mejor coordinación”, resaltó.
Castillo añadió que los sistemas de inteligencia “van un paso atrás” y resaltó que si no se arregla, “todo seguirá igual”.
“El gobierno ahora no tiene excusas y resaltamos que en la ley sobre terroristas de las pandillas, hay un artículo en la ley en donde se les declaró como terroristas, para que los pandilleros pueden ir a otros países para cumplir condenas, mientras se construye una buena cárcel. Arévalo no lo ha usado, y si Trump pidió al Salvador guardar a reos, es de tener humildad de reconocer que se rebasó y que no tenemos cárceles”, finalizó.
Extensión del estado de sitio
Además, el exministro de la Defensa, Luis Miguel Ralda, también participó para analizar el régimen de excepción y la coyuntura nacional de alerta.
Consultado sobre si se puede extender en su plazo el estado de sitio, el exfuncionario dijo que el Estado debe responder y localizar a los líderes de pandillas. “En 30 días es un tiempo suficiente para el informe y dar resultados”, dijo.
Ralda resaltó que no se ha invertido en equipo para la policía, pero recalcó que el Ejército está “bien entrenado”.
“Considero que el estado de sitio se debió focalizar en zonas rojas, en donde ya se sabe que operan los terroristas y no dar dilaciones en otras áreas”, explicó.
El exministro dijo que el “marco legal existe”, pero hace falta actuar y que además el sistema de justicia “funcione”. “Cuesta capturar a un criminal para que a los 15 días ande en la calle llevando su vida normal”, se lamentó.
Sobre la falta de inteligencia, dijo estar preocupado y citó la denuncia sobre que el anterior ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, habría negociado con pandilleros.
“Si hubieran decretado un toque de queda en las áreas rojas, habría ayudado mucho a las fuerzas de seguridad”, añadió.
Los cambios desde el Congreso al estado de sitio original
Por último, los diputados Luis Aguirre y Héctor Aldana cerraron el espacio con una discusión sobre los cambios al estado de sitio original pedido por el Ejecutivo y la fiscalización de resultados.
“Uno de los cambios fue para el uso de armas; otro es que se decía que se autodenominaban pandillas, lo que es erróneo pues ya el Congreso dictaminó que son así. Además, en las limitaciones a las reuniones y eso lo disipamos en el Congreso”, dijo Aldana.
Por su lado, Aguirre fue consultado si todas las bancadas estuvieron de acuerdo o hubo “roces” para las enmiendas.
“No hubo ninguno que no se prestara para tomar en serio este estado de sitio. Todos manifestamos el apoyo”, explicó.
Añadió que otra modificación fue de no permitir visitas a cárceles, resaltando los ilícitos que se introducen en aquellas.
Aldana, sobre los bloqueadores de señal, recordó que el exministro Jiménez le citó que los equipos serían adquiridos en Costa Rica.
“En El Salvador se dice que si se da una señal en una cárcel la empresa de telefonía sería sancionada y con 5 reincidencias, podía ser cancelada. No puede ser posible que se les de privilegios y no merecen este tipo de trato. No tiene que ser desde el sistema, sino desde las empresas”, resaltó.
Aguirre sobre cambios en el Sistema Penitenciario, dijo que el Ministro de Gobernación debió llegar al Congreso para detallar un plan para compra de equipos y otras acciones.
“No sabemos que plan tienen. Al no haber, en el Congreso nos vemos limitados de aprobar algo que al final pueden no necesitar”, replicó.
Aldana, por su lado, resaltó las fallas en la inteligencia de Estado y que los órganos competentes no estén unidos para un plan integral.
Aguirre agregó que la “percepción” es que la PNC no actúa de forma eficiente y además de la participación del Ejército y citó las pérdidas económicas que según dijo ya se verificaron este lunes. “Los restaurantes tuvieron cero movimiento y las empresas de seguridad también son afectadas. La gente es más fácil que se proteja por sus medios que la policía llegue”, explicó.
Consultado sobre cómo pueden los diputados supervisar los resultados del estado de sitio, Aguirre dijo que los ministros de Defensa y Gobernación están citados este martes. “Sobre la cárcel masiva costará que se de, y será más fácil que el Congreso de la orden para los lineamientos. Siempre hemos tratado de hacerles la tarea para que puedan realizar sus acciones”, dijo.
Aldana señaló que el gobierno tuvo que prever por medio de la inteligencia de Estado, que habría una reacción de las organizaciones criminales luego de las acciones asumidas al calificarlas de terroristas.
Aguirre dijo no pensar que los ataques tengan una relación con las elecciones de segundo grado. “La toma de tres cárceles y los ataques, es para señalar al ministro anterior y debió ser destituido. Estamos pagando la mala administración”, replicó.
