Guatemala enfrenta hoy un escenario complejo en materia de prevención del lavado de dinero. Aunque el país cuenta con herramientas legales vigentes, el crimen organizado ha demostrado una alta capacidad de innovación, generando nuevas tipologías que superan o ponen a prueba los marcos normativos actuales.
Así lo explicó Susan Paola Rojas, abogada y analista en materia financiera y prevención del lavado de dinero, durante una entrevista en el espacio #ALas845, donde advirtió que la legislación guatemalteca se encuentra dividida principalmente entre la Ley contra el Lavado de Dinero y la Ley contra el Terrorismo. Si bien ambas incorporan lineamientos alineados con las recomendaciones internacionales, el problema radica en que las dinámicas criminales evolucionan más rápido que las leyes.
¿Qué es el GAFI y por qué es importante?
Rojas recordó que desde 1985 la comunidad internacional empezó a dimensionar el impacto del dinero proveniente del crimen organizado en las economías globales. Se estimó que estos flujos ilícitos podían representar entre un 3 % y 5 % del PIB mundial, convirtiéndose en una amenaza directa para la estabilidad económica de los países.
Ante este riesgo, las principales economías impulsaron la creación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que estableció inicialmente 25 recomendaciones básicas para prevenir el lavado de dinero. Estas recomendaciones han evolucionado con el tiempo, incorporando nuevas tipologías y dando origen a organismos regionales como GAFILAT, con el objetivo de que los países hablen un mismo “idioma” regulatorio y eviten arbitrajes financieros.
Más allá de establecer lineamientos, estos organismos también evalúan el compromiso real de los países para aplicar controles efectivos.
El antecedente de Guatemala y la evaluación de 2027
No es la primera vez que Guatemala es evaluada. En el año 2000, el país fue catalogado como no cooperante y permaneció en una lista negra hasta 2003, un periodo que tuvo un alto costo para el sistema financiero y la economía nacional.
Actualmente, la evaluación prevista para 2027 ya está en marcha, con un análisis preliminar de los riesgos y dinámicas del país. Según Rojas, si Guatemala no emite e implementa las normativas pendientes de manera oportuna, existe un riesgo eminente de ser incluida en la lista gris.
Países cercanos como Panamá han pasado por este proceso, enfrentando un deterioro de su imagen internacional y mayores exigencias para operar en el sistema financiero global.
¿Qué implica entrar en la lista gris?
La inclusión en la lista gris conlleva consecuencias inmediatas. Otros países comienzan a aplicar mayores controles y filtros a las transacciones provenientes de Guatemala, lo que encarece los costos financieros, dificulta el comercio exterior y afecta operaciones clave como las remesas.
Transacciones que normalmente se procesan en 24 horas pueden requerir más tiempo, mayor escrutinio y recursos adicionales, generando retrasos y pérdida de competitividad.
El principio del lavado de dinero y su relación con lo fiscal
La experta explicó que el principio fundamental del lavado de dinero es dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos. Aunque no tiene como fin principal la evasión fiscal, el pago de impuestos puede ser utilizado como mecanismo para justificar operaciones como la sobrevaloración o subvaloración de facturas.
Por ello, muchas tipologías de lavado de dinero pueden coincidir con los procesos de análisis de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Activos virtuales y nuevos desafíos
En cuanto a los activos virtuales, Rojas señaló que Estados Unidos ha sido prudente al no reconocer al bitcoin como moneda de curso legal, aunque tampoco lo prohíbe. La razón es clara: prohibirlo podría empujar estas operaciones a la clandestinidad.
Las nuevas regulaciones hablan de activos virtuales, un concepto amplio que incluye cualquier bien inmaterial con valor en el ciberespacio. Aunque muchos consideran al bitcoin algo intangible o “fantasma”, estos sistemas, bien regulados, pueden ser incluso más trazables que el efectivo.
La clave, enfatizó, está en ordenar y regular, evitando que estos instrumentos se conviertan en herramientas que dañen la economía. Para ello, es fundamental establecer obligaciones claras, como el reporte exhaustivo de transacciones.
