Autoridades ejecutaron la intervención del parqueo del Aeropuerto Internacional La Aurora por ocupación sin contrato vigente y una deuda acumulada superior a Q28 millones.

La intervención del parqueo del Aeropuerto Internacional La Aurora marca un nuevo capítulo en un conflicto legal que se arrastra desde hace más de una década entre la Dirección General de Aeronáutica Civil y la empresa Constructores y Consultores Viales, Sociedad Anónima, conocida como COCVISA.

La medida fue ejecutada por orden del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil, con participación de la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Comunicaciones y la Policía Nacional Civil. El objetivo inmediato no es el desalojo, sino la fiscalización de ingresos mediante un interventor judicial, quien supervisará los fondos recaudados para destinarlos al pago de rentas atrasadas reclamadas por el Estado.

De acuerdo con información oficial, el contrato original de arrendamiento fue firmado en 2014 y contemplaba la administración de dos niveles del parqueo. Sin embargo, en 2015 una auditoría interna de la DGAC concluyó que el convenio era financieramente lesivo para la institución y recomendó su terminación anticipada. La rescisión fue confirmada posteriormente en instancias administrativas y judiciales.

Desde 2016, según las autoridades, la empresa continuó operando sin contrato vigente. Durante ese período se le atribuye la ampliación del servicio a un tercer nivel no autorizado, el subarrendamiento de espacios comerciales y la instalación de cajeros automáticos, incluyendo uno de criptomonedas.

También se señala el uso de energía eléctrica del aeropuerto sin pago directo, así como el cobro por servicios adicionales dentro del área intervenida.

La DGAC estima que la deuda acumulada supera los Q28 millones en concepto de rentas no pagadas, mientras que los ingresos generados por la operación privada del parqueo habrían excedido los Q84 millones.

En paralelo, existen denuncias penales en el Ministerio Público por presuntos delitos como usurpación agravada, hurto de energía eléctrica e intermediación financiera ilícita.

El proceso judicial de desalojo y desahucio inició en 2022, pero ha permanecido estancado por recursos legales, incidencias procesales y falta de audiencias. La intervención actual busca detener temporalmente el lucro privado y garantizar control estatal sobre los recursos mientras el juzgado resuelve el fondo del caso.

Autoridades del aeropuerto indicaron que el servicio de parqueo continuará operando para evitar afectaciones a los usuarios, aunque bajo supervisión directa, en lo que se define el mecanismo definitivo de administración del espacio.