El presidente Bernardo Arévalo vetó el Decreto 10-2026, con el que el Congreso buscaba reformar el Código Penal y la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, al considerar que la normativa contiene disposiciones contrarias a la Constitución.

La propuesta, aprobada el 14 de abril, buscaba endurecer penas y ampliar la protección a menores de edad frente a delitos sexuales. Entre los cambios más relevantes, planteaba elevar la edad mínima de consentimiento sexual de 14 a 18 años y establecer que cualquier relación sexual entre un adulto y un menor fuera considerada automáticamente violación.

Sin embargo, según el análisis del Ejecutivo, algunos artículos quedaron redactados de forma demasiado amplia y podrían generar confusión al momento de determinar cuándo existe un delito y quién incurre en responsabilidad penal.

El Gobierno también argumentó que, en algunos casos, la reforma eliminaba elementos como la violencia, intimidación o coerción para configurar ciertos delitos, lo que podría provocar interpretaciones ambiguas dentro del sistema judicial y conflictos con principios constitucionales que exigen precisión y claridad en las leyes penales.

Además, señaló que algunos cambios podrían entrar en contradicción con otras normas relacionadas con la protección integral de la niñez y adolescencia.

La iniciativa había sido promovida por el diputado oficialista Raúl Barrera y respaldada por legisladores del bloque oficial durante su discusión y aprobación en el Congreso el pasado 14 de abril.

Por ello, el decreto fue devuelto al Congreso con observaciones para que pueda ser revisado y ajustado antes de una eventual aprobación definitiva.

Redacción por Jonathan Hernández