Con 102 votos a favor, el Congreso de la República aprobó este martes 12 de mayo el acuerdo legislativo 15-2026 para remitir a la Corte de Constitucionalidad el veto presidencial al decreto 10-2026, normativa que busca corregir vacíos legales relacionados con delitos sexuales contra menores de edad.

En tal sentido, la CC será la encargada de emitir una opinión consultiva y determinar qué artículos del decreto pueden considerarse constitucionales y cuáles no.

El diputado oficialista, Raúl Barrera, explicó que el Ejecutivo devolvió el decreto al Congreso por posibles dudas de inconstitucionalidad relacionadas con la forma en que podrían aplicarse algunas disposiciones vinculadas a adolescentes.

Según Barrera, el objetivo principal del decreto era prohibir de forma expresa las relaciones sexuales entre adultos y menores de edad, situación que, aseguró, quedó abierta desde un error realizado en 2009.

Por lo que considero prudente que la CC defina los fundamentos de derecho que componen esta normativa.

Barrera, además explicó que, mientras la CC analiza el expediente, diputados de la Comisión del Menor y de la Familia, junto con la Secretaría General de la Presidencia, ya trabajan en una nueva propuesta de ley para corregir el problema en el corto plazo.

Barrera afirmó que el vacío legal actual deja en indefensión a niñas y niños víctimas de agresiones sexuales y señaló que diariamente se registran embarazos de menores derivados de estos casos.

El diputado también adelantó que la nueva iniciativa podría estar lista en unas dos o tres semanas y ser conocida en una próxima sesión extraordinaria del Congreso.

Redacción por Bryan Choy