La destitución de fiscales dentro del Ministerio Público volvió a generar debate tras la salida del exjefe de la FECI, José Rafael Curruchiche, debido a las dudas sobre hasta dónde llegan las garantías de la carrera fiscal y cuáles cargos pueden ser removidos por decisión administrativa.

El antecedente más citado se remonta a 2021, cuando la entonces fiscal general Consuelo Porras destituyó a Juan Francisco Sandoval bajo el argumento de que la jefatura de la FECI era un “puesto de confianza” y, por lo tanto, de libre remoción.

A partir de ese caso, la discusión jurídica cambió dentro del Ministerio Público, especialmente después de resoluciones de la Corte de Constitucionalidad que avalaron que ciertos cargos pudieran ser considerados de confianza, incluso mediante pactos colectivos internos.

Bajo ese precedente, analistas consultados por Canal Antigua consideran que la remoción de fiscales de sección o jefaturas especiales podría sostenerse legalmente bajo la misma lógica aplicada en el caso Sandoval, limitando la posibilidad de revertir esas decisiones mediante amparos o acciones judiciales.

Distinto sería el caso de fiscales de carrera que no ocupen puestos catalogados como de confianza, ya que en esos escenarios la ley obliga a desarrollar procesos disciplinarios internos antes de concretar una destitución.

Foto por JOHAN ORDONEZ / VARIOUS SOURCES / AFP