El Congreso de la República oficializó este viernes la consulta ante la Corte de Constitucionalidad sobre el Decreto 10-2026, luego del veto impuesto por el presidente Bernardo Arévalo a las reformas al Código Penal y a la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.
La decisión fue publicada en el Diario de Centro América mediante el Acuerdo 15-2026, con el que el Legislativo solicita a la CC determinar si las modificaciones aprobadas el pasado 14 de abril contravienen la Constitución, tal como argumentó el Ejecutivo al rechazar la normativa.
El Gobierno vetó el decreto el pasado 5 de mayo al señalar posibles ambigüedades jurídicas en la redacción de las reformas, principalmente en aspectos relacionados con la definición de autor del delito y la identificación de la presunta víctima dentro de procesos penales.
Ante ello, el Congreso trasladó el expediente a la Corte de Constitucionalidad y facultó a su Junta Directiva para continuar con las diligencias correspondientes dentro del proceso consultivo.
Redacción por Jonathan Hernández
