En #ALas845 se discutió sobre el tema, “¿Justicia o estrategia política? La judicialización de las postuladoras y los riesgos para la democracia guatemalteca”.
El invitado Arturo Miranda, abogado y notario y analista jurídico, analizó la creciente judicialización de los procesos de Comisiones de Postulación, sus implicaciones para la independencia judicial, la institucionalidad democrática y el riesgo de convertir los tribunales en escenarios de disputa política, o de trasladar decisiones eminentemente políticas al ámbito judicial.
Miranda citó el caso más reciente sobre la elección para contralor de Cuentas, y resaltó la creación que para el proceso surgieron nuevas universidades que permanecen “fantasmas”.
“Es decir, para presentar la nómina de 6 candidatos, estos rectores deben conformar esta postuladora, pero lo que llama la atención son estas universidades. Pero no es solo este caso, sino que la multiplicación de las universidades ha sido recurrente en los últimos años. Antes era la San Carlos y un par más, pero es el reflejo de que las comisiones se volvieron tan politizadas que se crean universidades para poder conformar la postuladora, adicionalmente de la polémica de Walter Mazariegos”, dijo.
Y anticipó que el resultado de esto, es que surgirán problemas judiciales por la elección del próximo contralor.
Miranda aseguró que la postuladora se limitará a revisar los expedientes de aspirantes en una primera fase, y luego surgirá el problema sobre cómo calificarán estos expedientes.
“En el caso de la elección para fiscal general, hay que recordar que se retrotrajo el proceso por el tema de los jueces, y honestamente en este del contralor, algo van a encontrar. El común denominador de la elección en comisiones es la judicialización en los últimos años. Incluso hay procesos pendientes en otras elecciones, o se quedaron sin materia. Si todo se judicializa, entonces el sistema actualmente ya tiene falencia y ya no está funcionando”, y resaltó que al estar próximas las elecciones generales, el finiquito será empleado por los grupos de poder, por lo que la designación en la Contraloría General de Cuentas es relevante.
El abogado dijo esperar que los perfiles de los aspirantes para contralor, sean superiores a otras elecciones de segundo grado, pero enfatizó que “lo que hay que vigilar” es la cercanía de los candidatos a grupos de poder.
Sobre el rumor de que 4 grupos de poder ya operan en los colegios profesionales relacionados con la elección, Miranda recordó que la Contraloría además revisa las contrataciones del Estado.
“Es quien audita los procesos, por lo tanto para los grupos de poder les interesa tener una persona afín. Por eso no solo serán esos 4 grupos, sino que en donde en verdad se ejercerá la influencia es en el Congreso”, resaltó.
Miranda citó la situación en los colegios profesionales relacionados con la elección de contralor, como el de contadores y auditores, y el auguró que se separarán más las profesiones lo que ocasionará más retos en el actual modelo de comisiones de postulación.
“El mundo evoluciona y los colegios se separarán en muchas más profesiones. Pero esto causará más problemas en lo que se dividen más votos y alguien rebuscará para entrampar el proceso. Pero como el sistema se vuelve obsoleto es porque tenemos estos problemas”, añadió.
Miranda insistió en que los finiquitos serán relevantes pues podrían ser empleados por grupos de interés para sus fines; en este caso, con las próximas elecciones, para anular a adversarios.
“La gente de poder piensa que si hay una persona afín a sus intereses, le podrá ser más fácil optar al finiquito para las próximas elecciones. Hablamos de 4 grupos de poder, pero cuántos habían alrededor de la elección de fiscal general, muchos más. Así es el interés que hay por los grupos de poder, lamentablemente, pero no cambiará hasta que se modifique el modelo de comisiones”, explicó.
El abogado además propuso que por la “multiplicidad de criterios”, es el momento de crear una sala específica en materia electoral. “Porque si planteamos por diferentes salas amparos, tendremos criterios diferentes; si la CSJ creara una sala específica se tendría más celeridad para estos casos”, resaltó.
