En el análisis de #ALas845 hablamos sobre el tema, “Ley de Aguas: ¿Cómo proteger el recurso sin frenar el desarrollo de Guatemala?”.
Carlos Arias Bouscayrol, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) para el período 2026-2027, conversó sobre la necesidad de que Guatemala cuente con una legislación integral sobre el agua, los alcances de la propuesta que desarrolla el Ejecutivo y las preocupaciones del sector empresarial sobre su impacto en la producción, la inversión, la generación de empleo y la certeza jurídica.
Piden al Congreso abrir una discusión técnica
El directivo dijo que existe una necesidad de la regularización del agua y están a favor como sector privado. “Uno de los objetivos fundamentales es el acceso al agua, y el segundo tema enorme es evitar la contaminación, y la certeza jurídica. Este es un tema verdaderamente técnico generando información precisa para ver cómo es la mejor manera de administrar las cuencas”, dijo.
Arias añadió que el sector privado “lleva décadas investigando y haciendo propuestas” alrededor del tema. “Esto porque nuestros clientes nos piden cuidar el agua. De donde yo vengo, del sector textil, desde los 90 los estándares internacionales han sido la norma con los tratamientos del agua. Muchos sectores han traído décadas de inversión en el tema del agua. Lo que pedimos al Congreso es que nos den el espacio para presentar nuestra información y nuestras preocupaciones”, indicó.
MARN “no tomó en cuenta” propuestas
Añadió que cuando se presentó la ley “de forma sorpresiva y abrupta” le presentaron a la Comisión de Ambiente del Congreso la mayor información. “Nos reunimos y tuvimos una discusión amplia y le pedimos el espacio para que las cámaras puedan explicar cómo la ley puede afectar a la economía nacional. Es interesante ver cómo se juzga al sector privado, pero nosotros pensamos en el largo plazo. Lo que ofrecemos es apoyo técnico, no decirle al Congreso lo que tiene que hacer. Esta iniciativa fue manejada de forma críptica y en las 200 mesas en las que se participó, vemos que el Ministerio (MARN) no tomó en cuenta mucho de lo que propusimos”, dijo.
En cuanto a las municipalidades, Arias dijo que no pueden ser excluidas pero criticó que algunas hacen negocio con el agua. “Pero no puede ser la ley arbitraria sin escuchar a todos los sectores. Sabemos que a otros grupos no se les escuchó y por eso le pedimos a la representante del Congreso que llegó a una reunión, a que abra el espacio”, explicó.
Señalan aspectos de la propuesta de ley del MARN
Arias insistió en que “no ordenan” al Congreso cómo legislar, y resaltó a su criterio otra falencia de la normativa, y puso como ejemplo la gobernanza en la ley. “No hay técnicos y solo políticos. Uno de los temas es la captación, y la ley la prohíbe. A los pocos que la tienen se la van a encarecer y para otros harán que no tengan acceso. Guatemala no tiene un déficit de agua sino uno de captación y gestión. Es un momento en que se querrán dar golpes de pecho y de ideología, pero nosotros somos más técnicos y prácticos”, señaló.
Agregó que no cuentan con una propuesta de ley, sino se enfocan en cómo la propuesta del MARN puede ser mejorable. “Buscamos trabajar con el Congreso un desglose detallado y estamos preparados para poner en la mesa lo que nosotros conocemos”, dijo.
El directivo afirmó que buscan mostrarle al Congreso cómo la normativa pueda afectar a varios sectores, como la agricultura o la ganadería. “No es un problema sencillo de resolver, sino es un tema complejo, pero una discusión amplia puede dar resultados importantes”, resaltó.
Arias dijo que en el caso de la inversión, la ley permite una restricción por años definidos para el uso del agua, lo que podría evitar nuevas industrias en el país. “Invitamos a los señores diputados a que estudien profundamente la iniciativa. Algunos de los diputados que no llegaron al desayuno, nos dijeron que no habían llegado porque no conocían la ley, pero luego nos enteramos que ya la habían firmado, pero entonces ¿cómo firman algo que no conocen?”, criticó.
Sobre la infraestructura, Arias se preguntó sobre por qué el Estado no podría ayudar a las municipalidades para elaborarla alrededor de la captación. “Esta iniciativa se está enfocando en penalizar y regular, sin decir cómo se usarán las penalizaciones. Se crea un vacío sobre lo que nos interesa, que es el acceso para todos”.
Discusión no debe ser apurada
En relación a si la asesoría del CACIF se extendería a todo el Congreso, Arias dijo que les interesa expandirlo más, pues la normativa al final debe aprobarse con el pleno. “Tenemos la información lista y los técnicos; el tiempo lo tendrá que dictaminar para darnos el presidente de la Comisión, así como deberá haber para otros interesados. La temporalidad o cuánto durará la discusión es asunto del Congreso, no de nosotros. No es porque convenga políticamente apurarlo, sino que esto se debe hacer bien”, explicó.
Arias dijo que la última propuesta no plantea incentivar la inversión, pero se profundizará en el análisis. “Una ley que no tome en cuenta la inversión, creemos que no es la correcta. No es sostenible y por eso yo creo que el vaso está medio lleno, porque hay oportunidad de mejorarla”, dijo.
Explicó que la ley permitiría que una autoridad que se establecería, podría detener el uso del agua. “La autoridad regulatoria deberá interpretar y ser discrecional, y es el miedo que tenemos por que no está claro en qué casos sí, y en cuáles no. Pueden haber regulaciones con buenas intenciones, pero no estar alineadas con otros derechos. Queremos una discusión amplia y técnica”.
El directivo narró que no hay información sobre las cuencas, y lo primero que se debería hacer es invertir en ese estudio. “Hay temas muy técnicos, pero lo que sí es cierto es que es posible hacerlo bien. El rol del Congreso es que debe balancear bien todo”, dijo.
