En ALas845 hablamos de, “Guatecompras y transparencia: ¿Optimización técnica o restricción al acceso a la información?”.
Los invitados Guillermo Cifuentes, analista jurídico; y Pablo Emilio Méndez Oliva, abogado y notario, especialista en contrataciones del Estado, realizaron un análisis jurídico, técnico y ciudadano sobre los cambios implementados por el Ministerio de Finanzas Públicas en la funcionalidad de búsqueda de proveedores de Guatecompras y su impacto en la transparencia, la fiscalización ciudadana, el periodismo de investigación y el derecho de acceso a la información pública.
Cifuentes aseguró que el portal está en servicio para la ciudadanía, y la percepción es que “la auditoría social pierde herramientas”.
“Se levantan muchas suspicacias en un año pre electoral. El gobierno lo había dictado la transparencia como una política nueva, pero ya con esto se generan dudas y es una situación que debe arreglarse; además resta un año entero del gobierno y se vienen las elecciones”, dijo.
Sobre los cambios que provocaron las críticas, Oliva mencionó que la modificación hace el proceso más complejo. “Ya no aparece nada en la sección de búsqueda; era un Google para la información de los proveedores del Estado, y ya no aparece nada, se tiene que saber el contrato específico y antes solo se ponía un nombre y ya aparecía la información. Creo que es un algoritmo el que cambiaron”, explicó.
Cifuentes dijo que en el registro mercantil se puede pedir una copia de la constitución de una sociedad anónima, pero las “innovaciones buscan encubrir mucho la auditoría social”. “Si yo tuve contratos en el pasado, es válido ver el perfil de los candidatos, algo que hacen los bancos también. Yo también me busqué, pero ahora no aparezco. No estoy en la carrera de competir en un puesto político; pero si yo quisiera ver como sociedad civil, verificar el background de la persona, no podría”, aseguró.
Oliva resaltó que si alguien quiere participar en una adjudicación, en ese momento, “se vuelve público”, por lo que no es algo a discusión. “Está la ley de acceso de la información y es muy delicado, no se sabe en dónde se fundamentaron ellos, porque no tiene ningún respaldo”, dijo.
Añadió que Finanzas alegó “la protección de datos”, pero tampoco tiene fundamento.
Sobre la impugnación de la medida, Cifuentes dijo que algunas entidades, como la APG, ya han advertido de acciones. “Vuelvo a la suspicacia, sobre por qué esta modalidad se cambió. El gobierno lo hace y nadie levanta la voz”, dijo.
En relación a que el Minfin parece tener resistencia a retroceder en la medida, Oliva aseguró que al parecer con los cambios buscaron transparencia, pero el proceso “se vuelve más engorroso”. “En las bases en los eventos de licitación le tenemos que poner un puntito más, y pedir certificaciones. Para mi es algo que no sirve y no es garantía. Están enredando el tema”, añadió.
Cifuentes resaltó que el Procurador de Derechos Humanos debe accionar, pero criticó su labor muchas veces de “forma políticamente correcta”. “Ojalá los congresistas y el próximo PDH que elijan, aparte de ser delegado de ellos, en verdad cumpla con su función”, resaltó.
