Tres abogados acudieron a la Corte de Constitucionalidad para impugnar parcialmente la nueva Ley Antilavado, al considerar que algunas obligaciones para profesionales y notarios podrían afectar el secreto profesional y la confidencialidad de sus clientes
Una nueva impugnación llegó a la Corte de Constitucionalidad contra la Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo, contenida en el Decreto 15-2026.
La acción fue presentada por los abogados Ovidio Ottoniel Orellana Marroquín, Marco Antonio Sagastume Gemmel y Jorge Estuardo Arias Ramírez, quienes plantearon una inconstitucionalidad general parcial contra disposiciones de los artículos 3 y 42.
¿Qué cuestionan? Principalmente, obligaciones que la nueva ley establece para determinados profesionales universitarios y notarios. Entre ellas, llevar registros de clientes y servicios y, bajo ciertos supuestos, dar aviso a la Superintendencia de Bancos, por medio de la Intendencia de Verificación Especial, cuando detecten incongruencias o transacciones inusuales.
Los abogados argumentan que estas disposiciones podrían entrar en conflicto con el secreto profesional, la confidencialidad de la información de sus clientes y la seguridad jurídica. Estos son argumentos de los accionantes y todavía no existe un pronunciamiento de fondo de la Corte.
Además, solicitaron a la CC suspender provisionalmente las disposiciones impugnadas mientras se conoce el caso. La presentación de la acción, por sí sola, no anula ni deja sin vigencia la normativa cuestionada; corresponde ahora a la Corte determinar el trámite y resolver las solicitudes planteadas.
