Los diputados oficialistas pidieron al presidente Bernardo Arévalo asumir personalmente la conducción de la respuesta estatal contra la criminalidad y utilizar los mecanismos legales disponibles para recuperar el control de la seguridad en el departamento de Guatemala.

En un pronunciamiento, los legisladores plantearon decretar un estado de excepción focalizado, argumentando que en ese departamento se concentra la mayor cantidad de homicidios del país.

También anunciaron que votarán a favor de la medida cuando sea conocida por el Congreso de la República.

La petición surge después del asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa, abogado y exsuperintendente de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), ocurrido la mañana del sábado 17 de octubre en el complejo deportivo Campo Marte, zona 5 capitalina. En el ataque también murió Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.

En el mismo pronunciamiento, los diputados oficialistas atribuyeron parte de la crisis de seguridad a la impunidad y cuestionaron actuaciones de anteriores funcionarios del Ministerio Público (MP), entre ellos la exfiscal general Consuelo Porras, así como de otros actores del sistema de justicia.

Además, respaldaron que se solicite cooperación especializada para esclarecer el crimen.

Sin embargo, la propuesta de estado de excepción plantea una respuesta extraordinaria de seguridad, mientras siguen pendientes de esclarecerse el móvil del doble homicidio y las responsabilidades de quienes participaron.

Redacción por Jonathan Hernández