La liberación por falta de mérito de los hermanos Rigoberto y Daniel Zaqueo Choc Toz, ordenada por un juez, sacudió a la cúpula del Ministerio de Gobernación (Mingob) y de la Policía Nacional Civil (PNC).

Lo que las autoridades presentaron como una respuesta “inmediata, eficaz y en flagrancia” por los asesinatos del abogado Juan Francisco Solórzano Foppa y de Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, en el Campo Marte, se desmoronó en tribunales y derivó en una grave denuncia de montaje e implantación de evidencias por parte de las fuerzas del orden.

Ante la indignación pública, el director general de la PNC, David Custodio Boteo, anunció que la institución agilizará de forma extraordinaria los trámites financieros para comprar cámaras corporales (bodycams) e instalar sistemas de grabación digital en las autopatrullas.

Según la versión oficial, la medida busca registrar con transparencia los procedimientos de captura en la vía pública para “evitar que se cometan injusticias contra ciudadanos inocentes” y, a la vez, proteger a la institución de lo que calificó como “falsas acusaciones o calumnias” contra los agentes.

Además, se confirmó que la Inspectoría General y la Dirección Especializada en Investigación Criminal (DEIC) abrieron un expediente de investigación interna para evaluar la cadena de custodia y los informes policiales redactados el día del hecho.

Sin embargo, el silencio de la institución sobre la identidad de los policías involucrados y la falta de sanciones contundentes mantienen encendidas las alarmas en sectores de derechos humanos y de la sociedad civil.

Redacción Web