La posible implantación de evidencias durante la captura de dos hermanos, inicialmente señalados por el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, ha puesto bajo serios cuestionamientos los procedimientos de la Policía Nacional Civil.

Los hermanos Choc Toz fueron liberados por falta de mérito, mientras persisten dudas sobre la actuación de los agentes, particularmente por el arma que las autoridades reportaron como decomisada.

El caso plantea una pregunta de fondo: ¿qué controles existen para evitar que una investigación criminal termine comprometiendo a personas sin pruebas suficientes?

En un comunicado, la PNC anunció que solicitará recursos financieros urgentes para adquirir cámaras corporales para sus agentes y sistemas de videovigilancia para las patrullas. La institución sostiene que estos equipos permitirán documentar procedimientos y evitar arbitrariedades.

Por separado, el Ministerio de Gobernación informó, también mediante un comunicado, que realizará una revisión profunda de la estructura policial, desde sus mandos hasta los mecanismos de supervisión.

Durante las honras fúnebres de Solórzano Foppa, Canal Antigua cuestionó al ministro Marco Antonio Villeda sobre las responsabilidades dentro de la institución.

El funcionario advirtió sobre posibles destituciones si se comprueban irregularidades.

Sin embargo, hasta este miércoles 21 de octubre, David Custodio Boteo continúa como director general de la PNC.

A los cuestionamientos se suma el diputado oficialista David Illescas, quien exigió al presidente Bernardo Arévalo destituir a toda la cúpula policial, comenzando por Custodio Boteo.

Illescas también aseguró que Solórzano Foppa había enviado una carta al mandatario en agosto de 2025, advirtiendo sobre presuntos hechos de corrupción durante la gestión de Francisco Jiménez en Gobernación.

Redacción por Carlos Sipaque