La Corte Suprema de Justicia propone aplazar un año la vigencia de las reformas a la prisión preventiva, al advertir que el sistema judicial aún no está preparado para aplicarlas.

La falta de juzgados, las limitaciones operativas y las dificultades para agilizar los procesos penales son algunos de los problemas que, según la Corte Suprema de Justicia, impedirían aplicar de inmediato las reformas a la prisión preventiva.

Estos argumentos fueron expuestos ante la Comisión de Reformas al Sector Justicia del Congreso, durante las discusiones sobre el Decreto 23-2026, vetado por el presidente Bernardo Arévalo.

El magistrado René Girón explicó que la Corte comparte el objetivo de evitar que las personas permanezcan más de un año en prisión preventiva mientras enfrentan un proceso penal.

Sin embargo, advirtió que actualmente no existen las condiciones necesarias para cumplir con ese propósito. Por ello, propuso que la normativa entre en vigor dentro de un año, período que permitiría preparar a los tribunales para su aplicación.

Uno de los principales obstáculos es la falta de juzgados de paz con competencia ampliada.

Según Girón, aunque Guatemala cuenta con 340 municipios, actualmente solo existen alrededor de 100 juzgados con estas atribuciones, una cobertura que considera insuficiente para atender los procesos penales en todo el país.

La discusión continúa después del veto presidencial al Decreto 23-2026.

Ahora, los diputados deberán evaluar las observaciones del Ejecutivo y las propuestas de la Corte Suprema de Justicia para determinar qué cambios introducir a la normativa.

El debate no se limita a establecer cuánto tiempo puede permanecer una persona en prisión preventiva, sino también a definir cómo garantizar que los tribunales puedan cumplir con los nuevos plazos, ante las deficiencias que reconoce el propio Organismo Judicial.

Por Jonathan Hernández