La orden judicial que dispuso el traslado de Aldo Ochoa Mejía, alias “El Lobo”, de la cárcel de máxima seguridad Renovación I hacia un centro penitenciario de menor seguridad generó polémica en distintos sectores del país.

La resolución se fundamentó en informes de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (OPT). No obstante, críticos sostienen que la medida constituye un retroceso en el manejo de reclusos considerados de alta peligrosidad.

En un espacio de análisis transmitido a las 8:45 p. m. se entrevistó a José Alejandro Córdova, procurador de los Derechos Humanos; Lesther Castellanos, relator del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, y Franck Ríos, relator titular de la Región Metropolitana de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura.

Durante la conversación, Córdova señaló que, si la jueza resolvió el traslado, debió haber sustentado la decisión en el nivel de peligrosidad del interno o en circunstancias específicas que justificaran la medida.

Por su parte, Lesther Castellanos se refirió a que alias “El Lobo” sigue en Renovación 1, pero las autoridades están obligados a acatar la resolución de la jueza.

Así mismo, Franck Ríos mencionó qué no han tenido acceso al informe del relator quien habría recomendado el traslado.

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Por Brandon Montenegro