Un supuesto error cometido por el Ejecutivo al vetar el Decreto 7-2025, que favorece a los Consejos de Desarrollo, permitió que los diputados de oposición dieran por sancionada la normativa, garantizando así su entrada en vigencia.
Esta disposición quedó establecida en el Acuerdo Legislativo 6-2025 del Congreso de la República, aprobado con 86 votos favorables, pese al rechazo del oficialismo y sus aliados.
El diputado Álvaro Arzú Escobar fue quien evidenció la falla cometida al emitir el veto presidencial. Según explicó, al no incluir un artículo sobre la vigencia en la norma que rechazaba el decreto en favor de los Codedes, se incumplió el plazo constitucional, por lo que la normativa debería entrar en vigor en los próximos tres días.
A este argumento también se sumó el diputado Allan Rodríguez, quien señaló que no se podía votar por un veto presidencial, debido a que este no existió al haber sido presentado fuera de tiempo.
Mientras tanto, el oficialismo trató de defender el veto presidencial, argumentando que la oposición tenía una mala interpretación de la ley y que han existido otras normas publicadas sin el mencionado artículo. Sin embargo, no lograron el respaldo necesario dentro del pleno.
Tras la aprobación, algunos diputados calificaron la sesión como una victoria para la democracia, en la cual el soberano pleno se impuso ante los errores cometidos por el Ejecutivo, tal y como lo señaló el jefe del bloque UNE, Inés Castillo.
Otros legisladores también llamaron al presidente Bernardo Arévalo a evitar caer en fallos como este y a renovar su equipo de asesores. Así lo afirmó el diputado Víctor Valenzuela, quien además destacó que esto representa un claro respaldo a los alcaldes.
Otro de los diputados que celebró la aprobación fue Julio Portillo, quien destacó que durante esta sesión plenaria prevaleció la supremacía legislativa y aseguró que se envió un mensaje de unidad con los alcaldes.
Tras esta decisión del pleno, que significa una nueva derrota para el Ejecutivo, los diputados oficialistas aseguraron que se violentó el derecho constitucional del presidente Bernardo Arévalo, por lo que anunciaron que presentarán acciones legales ante la Corte de Constitucionalidad para revertir la situación.
Finalmente, mediante un comunicado, el Gobierno de Guatemala informó que presentará las acciones legales correspondientes para impedir que el Decreto 7-2025 entre en vigencia.
El texto señala que el “Congreso debió conocerlo y actuar conforme a la Constitución”, pero que 86 diputados, “con argucias, argumentos incorrectos y espurios, retorcieron el procedimiento”.
Sin embargo, más allá de las declaraciones de ambos bandos o de si realmente existió un error por parte del Ejecutivo, lo cierto es que esto representa una victoria para la oposición en el Congreso.
Aunque no refleja una mayoría de 107 legisladores, sí evidencia una alianza opositora sólida de más de 81 votos, lo cual podría redefinir la correlación de fuerzas de cara a la elección de la próxima Junta Directiva 2026-2027, que podría realizarse en los próximos días.
Redacción por Bryan Choy
