Operativo en el MAGA: Tres denuncias sustentan los allanamientos por posibles irregularidades en contratos
La FECI del Ministerio Público ejecutó este miércoles allanamientos en distintas dependencias del MAGA como parte de una investigación por presunto mal uso de recursos públicos en el programa de fertilizantes 2024.

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La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público ejecutó este miércoles allanamientos en distintas dependencias del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) como parte de una investigación por presunto mal uso de recursos públicos en el programa de fertilizantes 2024.

El caso se deriva de tres denuncias que alertaron sobre posibles irregularidades administrativas, financieras y contractuales en la ejecución de una ampliación presupuestaria de Q400 millones, aprobada el año pasado para la compra y distribución de insumos agrícolas.

Denuncia del diputado César Dávila

La primera denuncia fue presentada por el congresista César Dávila, quien advirtió sobre adjudicaciones directas y procesos de contratación acelerados que no habrían cumplido con los criterios técnicos de evaluación ni con los plazos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado.

Según el legislador, varias de las empresas adjudicatarias fueron constituidas pocos meses antes de la licitación, sin historial de cumplimiento ni capacidad operativa demostrada. Además, los contratos fueron firmados bajo la figura de compra por excepción, lo que habría limitado la competencia y facilitado la concentración de adjudicaciones en un grupo reducido de oferentes.

Denuncia de la Contraloría General de Cuentas

La Contraloría General de Cuentas (CGC) remitió un informe de auditoría en el que determinó un hallazgo por Q144 millones, al verificar deficiencias en el control y la entrega del fertilizante.

Entre los principales hallazgos se consignan:

  1. Lotes abandonados en bodegas regionales sin registro de entrega.
  2. Ausencia de listados actualizados de beneficiarios y duplicidad en los registros.
  3. Inconsistencias en la trazabilidad del abono entre el proveedor y el destino final.
  4. Facturas y guías de transporte sin validación cruzada en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).
  5. Empresas proveedoras con domicilios no verificables o sin dirección física coincidente con la registrada en el RGAE.

El informe concluye que hubo fallas estructurales en los mecanismos de supervisión, lo que vulneró los principios de transparencia y rendición de cuentas en el manejo de fondos públicos.


Denuncia de la ministra de Agricultura

La tercera denuncia fue interpuesta por la actual ministra de Agricultura, quien solicitó al Ministerio Público revisar el manejo del inventario y las contrataciones realizadas antes de su administración.

Según su denuncia, se detectaron incongruencias entre los reportes físicos y los registros contables del programa, así como variaciones en los precios unitarios de los fertilizantes adquiridos a través de distintos proveedores.

El planteamiento de la funcionaria busca determinar si existió sobrevaloración en las adquisiciones y omisiones en los informes de entrega que podrían haber encubierto un perjuicio al Estado.


Análisis de la FECI

El jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, confirmó que los indicios iniciales apuntan a posibles responsabilidades penales y administrativas de entre ocho y diez funcionarios del MAGA, involucrados en las etapas de planificación, adquisición y distribución.

“Los equipos en la escena analizan los documentos decomisados durante los allanamientos para sustentar las imputaciones y establecer los nexos entre los contratos y los beneficiarios finales”, explicó Curruchiche.

Las diligencias incluyen la revisión de expedientes de contratación, actas de recepción, órdenes de compra, reportes de inventario y registros del SIAF para determinar si hubo violaciones a la Ley de Presupuesto y a la Ley de Contrataciones del Estado.

El caso se encuentra en fase de análisis documental y trazabilidad financiera, mientras la fiscalía evalúa la presentación de solicitudes judiciales para requerir información bancaria y societaria de las empresas señaladas.


Redacción Web

 

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