El proyecto del aerómetro ha generado diversas opiniones entre funcionarios y diputados, unos a favor y otros en contra.
Desde el 5 de enero avanzan las labores de construcción del Aerómetro, proyecto impulsado por la Municipalidad de Guatemala que busca implementar el primer sistema de transporte por cable aéreo con electromovilidad en Centroamérica.
La obra ha generado debate en el ámbito político y ciudadano, con posiciones divididas entre quienes respaldan la iniciativa por sus posibles beneficios en movilidad y quienes cuestionan su viabilidad e impacto.
En febrero surgieron acciones legales relacionadas con el proyecto. La diputada Andrea Villagrán informó sobre la presentación de un amparo preventivo contra la municipalidad, al considerar que la propuesta no resolvería el problema del tráfico y podría implicar irregularidades.
El proyecto continúa en discusión pública, reflejando opiniones encontradas en distintos sectores.
No obstante la Municipalidad de Guatemala compartió a través de un comunicado que la Sala resolvió suspender en definitiva el amparo interpuesto contra el proyecto.
“La sala Primera del Tribunal de lo contencioso Administrativo resolvió suspender en forma definitiva el amparo presentado en contra del proyecto AeroMetro.
Con esta resolución, el Tribunal ordenó el archivo de la acción, reafirmando la legalidad y viabilidad del proyecto”. se lee en la publicación.
Por su parte el exalcalde de Mixco Amilcar Rivera hizo un llamado a los jefes ediles Neto Bran y Ricardo Quiñonez a defender este proyecto que avalaron, y mencionó al diputado Samuel Pérez a no oponerse a esta iniciativa.
El diputado Jose Chic se pronunció añadiendo que este proyecto beneficiará solamente a Ricardo Quiñonez y las empresas vinculadas a su ejecución.
Ante esto el alcalde de Mixco Neto Bran cuestiono cómo hay diputados y funcionarios que critiquen este proyecto.
En medio de posturas encontradas, el proyecto continúa avanzando mientras se mantiene en el centro del debate público. Sus impulsores destacan los beneficios en movilidad y sostenibilidad, mientras que sus críticos insisten en la necesidad de mayor claridad y evaluación sobre su impacto.
Por Roxana de León
