En ALas845 hablamos de, “Precios bajo presión: gasolina, canasta básica y el papel del Estado en la protección del consumidor”.
La invitada fue Leslie Yvonne Tzicap, directora ejecutiva de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO), quien expuso las acciones de la entidad en la crisis del alza de los combustibles y otros productos y servicios.
La funcionaria aseguró que buscan educar al consumidor para que conozca sus derechos y resaltó el libro de quejas que se establece en los negocios. “En éstos se presentan quejas por alguna inconformidad por bienes y servicios que se están pagando. Con esto le debemos darle una resolución. La ley nos contempla un procedimiento administrativo completo”, dijo.
Sin embargo, agregó que se enfocan más en la “conciliación” que es un proceso más rápido que uno administrativo.
“En la conciliación hay dos audiencias para tener un acuerdo entre las partes. Con esto se podrá resolver alguna situación o servicio. Además hay un área de servicios profesionales con educación financiera”, resaltó.
Aseguró que en 4 meses han presentado 77 denuncias sobre especulación, además han conocido expedientes sobre canasta básica.
“Las denuncias son de índole penal, que no las vemos, y en nuestro caso tenemos las quejas como tal, que son administrativas. En la sanción se ve la proporcionalidad, por ejemplo”, dijo.
La funcionaria citó el plan centinela que realizan con otras entidades basado en operativos contra especulación.
“Se trata de establecer en donde se harán las verificaciones conjuntas. En mesas interinstitucionales vemos en qué manera podemos apoyar a los consumidores”, explicó.
Sobre las competencias de la DIACO, la funcionaria señaló que la entidad “no fija precios”, una crítica que es frecuente entre la población. “Esto es oferta y demanda y tenemos que saber que es un panorama internacional complicado, y eso ha venido a afectar a todos los países. Es preciso establecer que además tenemos que ver la manera que no existan agentes económicos que se aprovechen. Esto sí nos corresponde a nosotros establecer, que no sean fluctuaciones normales y que haya una verificación más constante”, resaltó.
Añadió que en la ley se establece que debe abstenerse de imponer sanciones y notificar al MP.
Sobre la especulación, citó que el delito contempla de uno a cinco años de prisión y una multa de hasta Q100 mil.
“Es difícil de comprobar pero en este caso a la fiscalía de delitos económicos es a donde llegan las denuncias. Sobre un informe técnico se ubican a estaciones de servicio que tienen fluctuaciones que no corresponden. Son 17 denuncias por parte de DIACO y 25 del MEM en una primera fase. En una segunda etapa, el martes, se presentaron 37 denuncias más como DIACO que son de las sedes departamentales. En este sentido, necesitamos que nos envíen la información para poder actuar”, señaló.
Añadió que también el MEM le rindió otro informe técnico de donde pueden surgir denuncias de posible especulación.
Sobre las prácticas que se han detectado, la funcionaria señaló que el acaparamiento es distinto a la especulación. “El tipo penal es este último y lo que se configura es que encuadre dentro del delito que le corresponde al MP”, resaltó.
Aseguró que las estaciones de servicio deben basarse en lo que indica el ente rector para establecer precios. “Las denuncias las colocamos nosotros, y el MEM nos pasa un informe técnico”, dijo.
Señaló que la carne ya no se encuentra entre los productos que estaban al alza, y ahora se encuentra estable. “Sin embargo, activamos verificaciones en rastros. Hay épocas estacionales conforme a las necesidades de los consumidores”, añadió.
Sobre propuestas para fortalecer la entidad, mencionó que hubo en el pasado iniciativas para establecer a la entidad como una procuraduría, pero las propuestas de ley quedaron en el olvido.
Además, dijo que uno de los problemas es que el resarcimiento para un consumidor recae en el Estado, y por eso llamó a la conciliación para que los consumidores puedan acceder a los recursos. “Solo el año pasado se recuperaron Q34 millones”, dijo.
