En un programa especial con el panel de analistas de ALas845 se discutieron las recientes amenazas contra magistrados de altas cortes, filtraciones de documentos sensibles vinculados a instituciones de seguridad y justicia, el incremento del gasto público en seguridad y representación de altos funcionarios, así como el debate nacional sobre subsidios a combustibles, presupuesto estatal y prioridades gubernamentales.
El gasto en recursos públicos por servicios de hijos de Primera Dama
El analista Mario Rosales dijo que se trata de una “seguidilla” de casos en el gobierno, pero ahora con un matiz “más escandaloso” que ha dado al traste con el discurso de austeridad que el gobierno promulgó.
“Lo que más crea terremoto es porque estamos en un momento sumamente delicado con los precios de los combustibles. Siempre que hay un incremento en la gasolina es el efecto sobre la canasta básica. Que se sepa que el gasto es de Q20 mil en combustible para dos adultos de 39 y 41 años, los hijos de la primera dama, es inaceptable. Se pudiera entender que los hijos tengan un grado de riesgo uno, pero que sea un gobierno que prometió austeridad, es incongruencia total. Se pudiera entender que tengan asignados uno o dos vehículos, pero no casi 10, por lo que no hay cómo defender este asunto”, indicó.
El analista Eddy Cano, por su lado, recordó que en su momento la anterior salida de la ministra de Ambiente, María José Iturbide, por un caso similar, le pareció “exagerado”, pero resalta que pueden haber más casos no conocidos en el gobierno. “¿Qué pasaría si no hubiera ocurrido esa filtración de información? Pues ¿habrá otras cosas que están ocultas?”, señaló.
Héctor Pérez por otra parte, recordó que el expresidente Alejandro Giammattei prometió disolver la SAAS, lo cual resalta que todos los funcionarios “manejan excesos”. “Hay algunos que sí tienen austeridad. Esto ha trillado en que ya son excesos que pasan por encima de la necesidad del pueblo. Se les nota en la fisonomía y en el vestuario que su condición económica ha cambiado de los funcionarios, pero no es exclusividad de este gobierno. Hay todavía dos apartamentos rentados en Quetzaltenango para servicio de agentes de SAAS. No es debido y no debe hacerse y es un mensaje a toda la clase política, que una cosa se dice en campaña y otra en los cargos públicos”, explicó.
El analista José Carlos Ortega explicó que el caso de los hijos de la Primera Dama, es “inexcusable e injustificable”. “Entiendo la seguridad, pero la gasolina la tienen que pagar, como lo deberían hacer los diputados y ministros. Todos somos iguales ante la ley. Estoy completamente en desacuerdo pues aunque sean Q10, es mucho; no se puede gastar en gasolina con dinero nuestro. Esta administración tiene privilegios por todos lados; todos los ministros se subieron el sueldo”, resaltó.
Rosales se preguntó si puede haber “un punto medio”, sobre la defensa de algunos acerca que en la función pública los profesionales no deben “estar tentados” y deben ser bien pagados.
Ante esto Ortega, dijo estar de acuerdo que los puestos públicos deben ser bien remunerados. “No es excusa, pero sí debe ser pagado por el puesto, por la responsabilidad que se tiene, pero no irse por cosas escondidas que aparentan privilegios”, dijo.
“De acuerdo al sueldo debería ser el tipo de funcionario, no solo con títulos o experiencia, sino con resultados. En el caso del Mides, se aumentaron los gastos de representación, en casi un 300 %; ¿pero cuáles son los resultados y su ejecución?”, añadió Cano.
Pérez añadió que se debe “preservar la institucionalidad” y exhortó el cambio a la Ley de Partidos Políticos y la relacionada al Servicio Civil. “Lo que necesitamos tener es reglas claras, seguimos además siendo discrecionales. Resulta que ahora las acciones que plantea el gobierno, dice que no se puede hacer nada porque las cosas no han cambiado, pero ellos tienen iniciativa de ley”, señaló.
Ortega resaltó la importancia de poner “límites al gasto”. “Es sencillo como en la familia, sobre que si alguien malgasta la plata, a la próxima se le da menos. En el Mides creo que metieron 400 personas que son del partido. Lo que sí sabemos es que hacen trabajo político para el gobierno. No estamos viendo cómo limitar los excesos. He visto a algunos funcionarios que renuncian a los privilegios. Hay que cambiar la ley de probidad de tal manera que los gastos de representación estén justificados realmente”, expresó.
Fue más allá al afirmar que los actuales funcionarios “son corruptos” pues el doble del presupuesto en comparación al gobierno de Giammattei no tiene resultados. “No nos vean como babosos, esta gente está robando”, dijo.
En cuanto al mecanismo de las interpelaciones que no presentan resultados, Rosales citó un “pavor” en los ministros por acudir al Congreso. “Casi que le llegan a rogar al interpelante que se baje el juicio político”, expresó.
“También es una forma de cómo interrumpir el trabajo de los ministros pero ¿Cuál es el resultado?”, dijo Cano por su lado.
Amenazas a magistrados de la CSJ y la CC y el caso de Roberto Molina Barreto
Sobre las amenazas a magistrados de la CSJ y en la Corte de Constitucionalidad, Ortega citó el caso de Roberto Molina Barreto quien prefiere trabajar a distancia, decisión que le ha acarreado muchas críticas. “Es mejor que acuda a debatir, pero ya tres o más dijeron que prefieren trabajar en la virtualidad por lo cual la presidenta deberá estar anuente”, dijo.
Rosales citó que pareciera que el “nuevo villano” para el gobierno y la oposición es Molina Barreto, en relación a la fiscal general Consuelo Porras quien deja el cargo el próximo 17 de mayo.
Pérez dijo que se hizo “un escándalo” con Annabella Morfín, pero censuran a Claudia Paredes en la CSJ. “Han sido desvíos de atención con los temas. La crisis institucional no exime al presidente. No puede negarse el desgaste del presidente y la fiscal general. Hay una falta de liderazgo, y cuando no se tiene, las cosas se empiezan a descascarar”, dijo.
Rosales criticó a Samuel Pérez por “jugar a que por conveniencia” son oficialistas o no. “Esto le pasará factura política”, dijo.
Sobre las amenazas, Ortega indicó que sí vio la intimidación a Paredes por redes sociales, pero no a Morfín. “Tiene que ir al MP para que se investigue y tampoco se tiene que permitir, como sociedad y periodistas responsables estas amenazas. No se puede aceptar del lado de Paredes o Morfín. Lo que me da duda es si se está usando recursos públicos para criticar este tema, por medio de net center”, explicó.
