Durante el programa #ALas845 se abordó el tema “Protección a la niñez o riesgo jurídico, el debate nacional tras el veto al Decreto 10-2026”, con la participación de Ligia Briz, quien expuso su postura sobre las reformas relacionadas con delitos sexuales, educación sexual y protección de menores.
Briz explicó que el decreto discutía que no entraran en la categoría de delito las relaciones sexuales entre adolescentes mayores de 16 años cuando no existiera una diferencia de edad mayor a dos años. Sin embargo, indicó que esta disposición fue retirada y sustituida por sanciones socioeducativas contempladas en la Ley PINA.
Según detalló, el Decreto 10-2026 no establecía penas de cárcel para menores de 18 años, sino medidas socioeducativas como cursos, restricciones y acciones preventivas. También señaló que existen casos específicos, como relaciones entre personas de 20 y 17 años o de 19 y 17 años, que deben analizarse y discutirse jurídicamente.
La directora de AFI Guatemala afirmó que la organización promueve una educación sexual basada en la prevención de riesgos. Añadió que, según estadísticas, el inicio temprano de la actividad sexual incrementa riesgos relacionados con consumo de alcohol, drogas y otras adicciones.
“Nosotros creemos firmemente en la educación sexual basada en la prevención de riesgo y no dejar desprotegidos a los menores”, expresó.
Briz también sostuvo que en los delitos contra menores no solo se busca evitar violencia física o psicológica, sino proteger la dignidad humana. Argumentó que especialistas señalan que el cerebro termina de desarrollarse entre los 21 y 24 años, por lo que considera que existe una condición de desproporción cuando menores toman decisiones relacionadas con consentimiento sexual.
En relación con el veto presidencial, afirmó que las observaciones internacionales citadas corresponden a recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, pero aseguró que estas no son vinculantes para Guatemala.
Asimismo, indicó que el problema central continúa siendo el abuso contra menores. “Por cada niña embarazada hay muchas más niñas abusadas”, señaló, insistiendo en que el primer paso debe ser penalizar al agresor.
Durante la entrevista, Briz criticó lo que denominó “derechos reproductivos y sexuales” promovidos en algunos programas educativos y cuestionó jornadas en escuelas donde, según indicó, se facilita acceso a anticonceptivos a menores de edad.
También se refirió al acceso a la pornografía y otros factores que, a su criterio, amplían los riesgos de abuso, asegurando que la prevención debe trabajarse desde el Estado y la familia.
Sobre la opinión de los jóvenes, comentó que durante más de dos años se realizaron mesas de diálogo con adolescentes, donde muchos expresaron no sentirse preparados para iniciar relaciones sexuales y manifestaron preferir orientación de sus padres antes que del Estado.
Finalmente, Briz señaló que otro de los grandes retos es la certeza jurídica y el funcionamiento del sistema judicial, debido a la gran cantidad de denuncias y limitaciones en los procesos de investigación. A su criterio, es necesario fortalecer los mecanismos de denuncia y garantizar sanciones efectivas para los agresores.
