El presidente Bernardo Arévalo afirmó que la ley antilavado aprobada por el Congreso forma parte de las herramientas necesarias para combatir la corrupción y las economías criminales. Además, señaló que la normativa permitirá a Guatemala cumplir con estándares internacionales y evitar riesgos para su integración al sistema financiero global.

La nueva Ley Integral contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo permitirá al Estado fortalecer los mecanismos para rastrear recursos vinculados con actividades ilícitas, según afirmó el presidente Bernardo Arévalo tras la aprobación de la normativa en el Congreso.

De acuerdo con el mandatario, la legislación busca reforzar las capacidades institucionales para identificar y perseguir flujos financieros asociados al narcotráfico, el crimen organizado y otras estructuras delictivas que operan mediante recursos obtenidos de forma ilegal.

Arévalo señaló que las organizaciones criminales dependen de recursos económicos para mantener sus operaciones, por lo que el control y monitoreo de esos fondos constituye una herramienta relevante dentro de las estrategias de seguridad y persecución penal.

El presidente también señaló que la aprobación de la ley responde a compromisos internacionales asumidos por Guatemala. Explicó que, de no adecuar su marco legal a los estándares requeridos, el país corría el riesgo de ser incluido en listas de vigilancia financiera internacional, lo que podría generar restricciones en las transacciones y relaciones con el sistema financiero global.

La ley antilavado fue aprobada recientemente por el Congreso de la República y forma parte de las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo en materia de transparencia financiera y combate al crimen organizado.

Por Jonathan Hernández