Diputados cuestionaron a las autoridades de la Superintendencia de Telecomunicaciones por bajos controles a las telefonías del país y criticaron los cobros desmedidos por estas compañías.
Las denuncias por presuntos cobros indebidos, aumentos tarifarios y problemas para cancelar contratos de telefonía móvil llegaron nuevamente al Congreso de la República, donde se instaló una mesa técnica para analizar el funcionamiento del sector de telecomunicaciones en Guatemala.
Durante la reunión se discutieron señalamientos relacionados con la prestación del servicio por parte de las empresas Tigo y Claro, las únicas operadoras de telefonía móvil con cobertura nacional en el país, así como las facultades de supervisión de la Superintendencia de Telecomunicaciones.
Según lo expuesto en la mesa de trabajo, usuarios han presentado quejas ante la DIACO y el Ministerio Público por presuntos cobros excesivos, cargos por mora y dificultades para finalizar contratos de servicio.
El encuentro contó con la participación de autoridades del Ministerio de Comunicaciones, la Superintendencia de Telecomunicaciones y diputados del bloque CABAL, quienes plantearon la necesidad de revisar los mecanismos de fiscalización, la asignación de frecuencias y el cumplimiento de obligaciones vinculadas a la expansión de los servicios de conectividad en áreas rurales.
Además, se dará seguimiento a la publicación del reglamento de la Ley de Portabilidad Numérica en Servicios de Telefonía con el fin de fortalecer los mecanismos de supervisión y fiscalización del sector.
La mesa técnica programó una nueva reunión para el próximo 16 de junio, fecha en la que los legisladores esperan conocer propuestas orientadas a garantizar que los servicios de telefonía se presten en condiciones justas para los usuarios y con estándares adecuados de calidad.
Por Bryan Choy
