El presidente Bernardo Arévalo anunció la sanción de la nueva Ley Antilavado, una normativa que busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado y los delitos financieros, en vísperas de la evaluación internacional que realizará Gafilat a Guatemala en 2027.
El dinero proveniente de actividades ilícitas mueve millones de quetzales cada año alrededor del mundo y representa uno de los principales desafíos para los sistemas financieros. En Guatemala, las autoridades buscan fortalecer los mecanismos para detectar y perseguir estos recursos.
Este miércoles quedó oficializada la nueva Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, una normativa que sustituye el marco legal vigente durante más de dos décadas e incorpora estándares internacionales en la materia.
Según las autoridades, la legislación pretende fortalecer la capacidad de las instituciones para identificar operaciones sospechosas, seguir el rastro de fondos vinculados a actividades criminales y reducir espacios que puedan ser aprovechados por redes dedicadas al narcotráfico, la corrupción u otros delitos.
La aprobación de la normativa también forma parte de los preparativos del país para futuras evaluaciones internacionales sobre prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Entre sus principales disposiciones se incluyen mecanismos para identificar a los beneficiarios finales de las empresas, fortalecer los controles dentro del sistema financiero y sectores considerados vulnerables, ampliar la cooperación internacional y facilitar la recuperación de activos obtenidos de manera ilícita.
Por Jonathan Hernández
