Tras el ataque contra la vivienda de la jueza de Nebaj por el desalojo de una adulta mayor, el Organismo Judicial condenó los hechos de violencia, expresó su respaldo a la juzgadora Ada Madaí López Morales y aseguró que coordina acciones para garantizar su seguridad y el ejercicio independiente de sus funciones

El Organismo Judicial (OJ) manifestó este viernes su respaldo a la jueza de Primera Instancia de Santa María Nebaj, Quiché, Ada Madaí López Morales, tras los hechos violentos ocurridos la noche del 30 de julio, cuando un grupo de pobladores incendió la vivienda de la togada luego de que ordenara el desalojo de una mujer de 76 años.

A través de un comunicado oficial, el OJ expresó su solidaridad con la jueza y condenó los actos de intimidación y violencia, al considerar que este tipo de acciones atentan contra la independencia judicial, el Estado de Derecho y el acceso efectivo a la justicia.

La institución informó que, desde que tuvo conocimiento de los hechos, ha mantenido comunicación permanente con la jueza López Morales, brindándole acompañamiento institucional y coordinando las acciones necesarias para resguardar su integridad y garantizar que continúe ejerciendo sus funciones conforme a la ley.

Asimismo, el Organismo Judicial aseguró que da seguimiento constante a la situación en coordinación con las autoridades competentes y reiteró que ningún acto de presión o violencia debe interferir en el ejercicio independiente e imparcial de la función jurisdiccional.

En su pronunciamiento, el OJ también hizo un llamado a la población para canalizar cualquier inconformidad por las vías legales e institucionales, privilegiando el diálogo, el respeto y la convivencia pacífica. Además, recordó que las juezas y jueces ejercen sus funciones con independencia y sometidos únicamente al ordenamiento jurídico.

Los hechos ocurrieron luego de que la jueza ordenara el desalojo de una adulta mayor de un inmueble en Nebaj, decisión que provocó la indignación de un grupo de vecinos, quienes posteriormente incendiaron la residencia de la juzgadora como muestra de rechazo.

Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para establecer las responsabilidades por los actos de violencia, en un caso que ha reabierto el debate sobre el respeto a las resoluciones judiciales y los límites de la protesta social.

Por Jonathan Hernández