El Congreso de la República programó 28 interpelaciones contra ministros de Estado, la mayoría impulsadas por la bancada UNE, lo que mantiene bajo juicio político a casi todo el gabinete del presidente Bernardo Arévalo. Las sesiones iniciarán el 27 de agosto y podrían prolongarse durante meses debido a que este mecanismo legislativo no tiene un plazo definido para concluir.

El Congreso de la República aprobó programar 28 interpelaciones contra integrantes del gabinete de Gobierno, lo que abre nuevos frentes de tensión entre el Legislativo y el Ejecutivo. Las citaciones alcanzan a todos los ministros, excepto al titular de Energía y Minas.

Las comparecencias fueron incorporadas a la agenda de la sesión plenaria de este martes y se desarrollarán entre el 27 de agosto y el 22 de octubre.

Aunque existe un calendario establecido, las interpelaciones no cuentan con un límite de tiempo para su desarrollo.

Esto permite que un solo proceso se prolongue por meses, como ocurre con el ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, quien continúa respondiendo preguntas desde que inició su interpelación el 13 de noviembre de 2025. A la fecha, el procedimiento aún no concluye y permanecen pendientes las intervenciones de cinco diputados.

Con este escenario, los ministros deberán mantenerse disponibles para asistir a las sesiones convocadas por el Congreso, ya que la ley establece que deben atender las citaciones mientras el proceso permanezca abierto.

Las solicitudes fueron impulsadas principalmente por la subjefa de la bancada UNE, Teresita De León, quien promovió las interpelaciones contra los distintos titulares de las carteras de Estado. De forma adicional, el jefe de esa bancada, José Inés Castillo, solicitó una interpelación específica contra la ministra de Ambiente y Recursos Naturales, Patricia Orantes.

Por Jonathan Hernández