Estados Unidos contempla contratar a una empresa privada para localizar en Guatemala, México y Honduras a más de 66 mil personas deportadas que mantienen multas pendientes por unos US$423 millones.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza prevé destinar hasta US$9 millones durante dos años para esta tarea.
La empresa tendría que localizar a las personas, entregar notificaciones en inglés y español y documentar las visitas con fotografías y otros comprobantes.
Pero el plan abre varias interrogantes: ¿pueden cobrarse estas multas fuera de Estados Unidos?, ¿qué alcance tendría una empresa privada en Guatemala? y ¿cómo distinguir una notificación real de un posible intento de estafa?
En Diálogo Central, el analista migratorio Fernando Castro responde estas dudas y explica qué deben tomar en cuenta los migrantes y sus familias ante este escenario.
Con respecto a tomar fotos de viviendas de los deportados sin permiso, el analista migratorio Fernando Castro añade que esa acción violaría el artículo 24 constitucional de la república de Guatemala.
La deuda puede existir en el sistema de Estados Unidos, pero su cobro en Guatemala es legalmente complejo y no procede un embargo sin un proceso en tribunales nacionales.
Lo invitamos a conocer más detalles de esta entrevista realizada en Diálogo Central, a través de nuestro Canal de YouTube, busquenos como Mira Canal Antigua.
Redacción por Roxana de León
