La discusión sobre una Ley de Aguas vuelve a colocar sobre la mesa uno de los temas más complejos y sensibles para Guatemala: quién administra el recurso, bajo qué reglas y cómo se garantiza su acceso frente a la contaminación, el crecimiento urbano y la demanda de los sectores productivos.

En 2026 avanzó un proceso para construir una propuesta de ley, pero el debate va más allá de aprobar una normativa. También plantea interrogantes sobre qué institución tendrá la rectoría, cómo se regularán los distintos usos del agua, qué controles existirán y cuál será el impacto para comunidades, agricultores, empresas y usuarios.

A esto se suma la actualización del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, RECSA, que trabaja el Ministerio de Ambiente y que contempla cambios en procedimientos y trámites ambientales.

Por la importancia y las implicaciones de ambas discusiones, A LAS 8:45 analizó el tema con la ministra de Ambiente, Patricia Orantes, para conocer qué propone el Gobierno, cómo funcionarían las nuevas reglas y cuáles son los principales puntos que todavía generan debate.

La ministra de Ambiente y Recursos Naturales, Patricia Orantes profundizó sobre la socialización de la Ley de Aguas.

La ministra añadio que el sector privado les dijo que el canon que se cobrará se invierta en la cuenca para recuperar bosque, señaló.

Guatemala necesita discutir el agua no solamente cuando escasea, se contamina o genera conflictos, sino como un recurso estratégico para su desarrollo. Una Ley de Aguas puede representar un paso importante, pero su verdadero resultado dependerá de las reglas, las instituciones y la capacidad de hacerlas cumplir.

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Redacción Web