Tres puentes contratados por el Ministerio de Comunicaciones concentran nuevos cuestionamientos sobre el manejo de obra pública.
Las dudas apuntan a los montos adjudicados, a la información con la que se formularon las ofertas, a la participación de empresas y a un punto central: los contratos incluyen diseño y construcción, pero el costo definitivo todavía no está fijado.
Son tres proyectos que suman, en conjunto, Q276.94 millones.
El puente Moca, en Chicacao, Suchitepéquez, fue adjudicado a Constructora Elemento por Q130.32 millones.
Las Pericas, en Morazán, El Progreso, a Metro Construcciones por Q68.34 millones.
Y Santa Bárbara, en San Jerónimo, Baja Verapaz, a Serima por Q78.28 millones.
Pero el caso sí abre otras preguntas, más técnicas. El CIV sostiene que los contratos son de diseño y construcción. Es decir, que el costo definitivo se establecerá después de completar los estudios de ingeniería, cerrar el diseño y cuantificar cada renglón de trabajo.
Ahí surge la duda central: si una parte del diseño todavía no existe, ¿con qué información calcularon las empresas ofertas por millones de quetzales? Y esa pregunta remite a otra: qué información técnica se les entregó a los invitados para fijar esos precios.
La ministra Norma Zea ha respondido en parte a eso. Según explicó en la Ronda , la información gráfica publicada en Guatecompras es una referencia conceptual, no un diseño definitivo, y por sí sola no bastaría para determinar el costo real de los puentes.
A esto se suma la forma en que se compitió por los contratos.
Los concursos se publicaron el 25 de junio y las ofertas se recibieron apenas cinco días después. En el puente Moca participó una sola empresa. Los otros dos procesos tuvieron distintos niveles de competencia.
El mecanismo usado está contemplado en la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, que permite agilizar ciertas contrataciones. Usarlo no es, en sí mismo, ilegal.
Lo que sigue sin respuesta es más puntual: cómo se eligió a las empresas invitadas, qué información recibieron para cotizar, qué experiencia tienen las adjudicatarias y cómo se justifican técnicamente los montos.
A ese escenario se suma otro dato de contexto: la baja ejecución presupuestaria que ha marcado al Ministerio de Comunicaciones, lo que pone atención sobre su capacidad no solo para adjudicar obra, sino para terminarla.
Y aun con esa ejecución baja, la cartera pide más. El proyecto de Presupuesto 2027 contempla Q3,517.6 millones adicionales para infraestructura vial, a través del Fondo para Proyectos Viales Prioritarios. Queda en el aire si el CIV puede ejecutar con eficiencia lo que ya tiene, antes de administrar más recursos.
Por Jonathan Hernández
