A cuatro años de que comenzó a aplicarse la Ley de Aceptación de Cargos, el CIEN evaluó cuánto se está utilizando y si realmente ha servido para hacer más rápidos los procesos penales en Guatemala.

La idea de esta ley es relativamente sencilla: una persona procesada puede reconocer ante un juez que cometió el delito y, si cumple con los requisitos, recibir una reducción de la pena.

A cambio, el proceso puede resolverse más rápido, sin recorrer todas las etapas de un juicio tradicional.

Y los datos muestran que este mecanismo se utiliza cada vez más. Según la investigadora del CIEN, Corinne Dedik, desde 2023 aumentaron las sentencias por aceptación de cargos. Para 2025, una de cada tres sentencias registradas por el Ministerio Público ya se resolvía de esta manera.

El 40 % de las sentencias analizadas corresponde a casos de violencia contra la mujer, seguido por portación ilegal de armas.

El CIEN también señala pendientes en la reparación a las víctimas, que en la práctica se concentra principalmente en pagos económicos.

Otro dato es la prisión preventiva: en 2020 alcanzaba al 47 % de los privados de libertad y en 2026 bajó al 29 %. Sin embargo, no se puede afirmar que esta reducción sea resultado directo de la Ley de Aceptación de Cargos.

Entre los pendientes, el CIEN señala mejorar el control de los casos y revisar especialmente su aplicación en delitos de violencia contra la mujer y la reparación a las víctimas.

Cuatro años después, la aceptación de cargos se utiliza cada vez más. El reto es establecer si realmente está agilizando la justicia sin afectar los derechos de las víctimas.

Redacción por Roxana de León