A las 8:45 conversamos con Virginia Pinto, investigadora de ASIES, quien analizó el panorama electoral guatemalteco rumbo a las elecciones generales de 2027.
Uno de los primeros puntos fue la posibilidad de modificar las reglas del juego antes de la contienda. Para la investigadora, el obstáculo no es solo técnico sino político, pues quienes hoy participan en el sistema son los mismos que tendrían que impulsar los cambios. “Es muy difícil que un actor político que aprendió a jugar con ciertas reglas del juego, las quiera cambiar”, afirmó, al advertir que las reformas a la normativa electoral suelen quedar frenadas por los propios intereses de quienes se han beneficiado de ellas.
De las reglas se pasa naturalmente a quienes deberían ejercer el voto. En materia de empadronamiento, Pinto alertó sobre una brecha que podría afectar la legitimidad del proceso y la representatividad del resultado. “2.7 millones de personas quedarían fuera del proceso electoral y en su mayoría son jóvenes”, señaló, lo que plantea el reto de acercar a las nuevas generaciones al padrón y de fortalecer la participación ciudadana antes de que cierre el período de inscripción.
El escenario de los partidos políticos también genera interrogantes, pues la ruta para constituirse legalmente exige cumplir requisitos que pocas organizaciones logran completar a tiempo. Actualmente existen 27 partidos políticos en el país y varios comités en formación, pero la investigadora explicó que el avance real es limitado. “De los 21 comités, únicamente 3 ya tienen la cantidad de afiliados necesarios”, indicó, dato que anticipa una transformación del sistema de partidos y abre la puerta a posibles alianzas y candidaturas de cara a la elección.
Con este contexto, el análisis de ASIES deja ver que la elección de 2027 no dependerá únicamente de los nombres que aparezcan en la papeleta, sino de un conjunto de factores que se entrelazan: la capacidad del TSE para prepararse, la apertura del padrón, la solidez de los partidos y el peso de las redes sociales en la conversación pública.
A ello se suman la seguridad, la economía y la confianza institucional, elementos que podrían inclinar la balanza en un proceso que, según la especialista, exigirá atención tanto de las autoridades como de la ciudadanía.
Redacción Web
