La salida de Nicaragua del Parlacen vuelve a poner bajo discusión el alcance del organismo, sus funciones y las inmunidades de quienes ocupan sus curules.

La salida inmediata de Nicaragua vuelve a poner bajo discusión el papel del Parlamento Centroamericano, un organismo creado en 1991 como parte del proceso de integración regional, pero cuyas decisiones tienen un alcance limitado frente a los gobiernos de sus países miembros.

Nicaragua notificó su retiro durante el fin de semana. La decisión ocurrió después de que la OEA aprobara una resolución que exige restablecer libertades civiles, liberar presos políticos y generar condiciones electorales en ese país. Managua justificó su salida como una decisión de soberanía.

El Parlacen respondió que analiza las consecuencias jurídicas y operativas del anuncio, debido a que cualquier cambio en la participación de los Estados debe ajustarse al derecho internacional. Con Nicaragua fuera y El Salvador en proceso de separación, quedarían Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana.

Pero el episodio también reactiva una discusión que alcanza a Guatemala. Expertos consultados por Canal Antigua señalan que el organismo tiene poca capacidad para adoptar decisiones vinculantes, mientras sus integrantes mantienen inmunidades y privilegios establecidos en su marco jurídico.

El tratado dispone que los diputados del Parlacen gozan, en el país donde fueron electos, de las mismas inmunidades que los legisladores nacionales.

Esta figura ha generado cuestionamientos particularmente por la incorporación de exfuncionarios y expresidentes.

Para los analistas, el debate ya no se limita a qué países permanecen dentro del Parlacen, sino a qué función efectiva cumple actualmente el organismo y si su estructura necesita una reforma de fondo.