El asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro abrió el debate sobre la respuesta del Gobierno ante la violencia. Mientras el diputado oficialista Samuel Pérez propone considerar un estado de excepción en el departamento de Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo descarta la medida. La diferencia está en las acciones que consideran necesarias frente a una violencia que sigue generando preocupación.

El planteamiento del diputado Samuel Pérez surge tras el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro. El legislador considera que la cantidad de homicidios en el departamento de Guatemala amerita evaluar medidas extraordinarias. Sin embargo, la propuesta deja abierta la pregunta de qué resultados concretos se buscan y cómo se garantizaría que estas acciones respondan a la violencia que afecta a la población.

La propuesta contrasta con la postura del presidente Bernardo Arévalo, quien descarta decretar un estado de excepción. El mandatario sostiene que no hay protestas sociales ni condiciones de conflictividad que justifiquen esa medida y afirma que las instituciones deben concentrarse en identificar a los responsables del crimen.

Mientras las autoridades mantienen posiciones distintas sobre la respuesta que debe darse a la violencia, el asesinato de Solórzano Foppa y Aguilar Gamarro sigue bajo investigación. Más allá del debate sobre un estado de excepción, el desafío está en que las pesquisas permitan esclarecer el crimen y establecer quiénes son los responsables.

Por Daniela Florián