El estado de Sitio decretado por Bernardo Arévalo en Zacapa e Izabal no solo incrementará la presencia de policías y militares, también permitirá al Gobierno aplicar restricciones a derechos como la libre locomoción, las reuniones y manifestaciones, además de facultar detenciones sin orden judicial en determinados casos. La medida, que tendrá una vigencia de 30 días, coloca a la población bajo un régimen excepcional y abre el debate sobre los controles que deberán existir para evitar abusos de autoridad.
La declaración de estado de sitio en Zacapa e Izabal abre un periodo de medidas extraordinarias en el que las autoridades podrán intervenir organizaciones, ordenar detenciones sin mandamiento judicial en determinados casos y restringir la circulación de personas.
La decisión del presidente Bernardo Arévalo, que tendrá una vigencia inicial de 30 días, coloca nuevamente bajo un régimen de excepción a parte de la población guatemalteca, mientras el Gobierno enfrenta el desafío de demostrar que el despliegue de las fuerzas de seguridad dará resultados frente a la criminalidad.
El estado de sitio es uno de los niveles más severos contemplados en la Ley de Orden Público y no significa únicamente que el Ejército y la Policía Nacional Civil incrementen sus operaciones en las zonas afectadas. También concede al Ejecutivo, por medio de la autoridad militar, facultades que en circunstancias ordinarias están sujetas a mayores controles y garantías.
El artículo 19 de la Ley de Orden Público establece que, durante el estado de sitio, la autoridad militar puede intervenir o disolver organizaciones, entidades, asociaciones o agrupaciones sin necesidad de advertencia previa.
También puede ordenar la detención o el confinamiento de personas consideradas sospechosas de conspirar contra el Gobierno, alterar el orden público o promover acciones dirigidas a ese propósito, sin necesidad de mandamiento judicial.
La normativa contempla, además, el uso de medidas preventivas, defensivas u ofensivas para repeler acciones individuales o colectivas que contravengan las disposiciones emitidas para restablecer la normalidad.
A estas facultades se suman las previstas para los estados de prevención y alarma, entre ellas limitar reuniones, manifestaciones y espectáculos públicos, establecer restricciones a la circulación de vehículos y realizar controles en determinadas zonas.
El artículo 138 de la Constitución establece que, bajo un régimen de excepción, puede cesar temporalmente la plena vigencia de determinados derechos constitucionales.
Entre ellos figuran la libertad de acción, las garantías relacionadas con la detención legal y el interrogatorio de personas detenidas, la libertad de locomoción, el derecho de reunión y manifestación, el primer párrafo de la libertad de emisión del pensamiento, la portación de armas y el derecho de huelga de los trabajadores del Estado.
Esto significa que los habitantes de Zacapa e Izabal podrían enfrentar restricciones para movilizarse, reunirse o realizar determinadas actividades, dependiendo de las disposiciones específicas contenidas en el decreto gubernativo y de las medidas que adopten las autoridades.
No obstante, el estado de sitio no es una suspensión general de todos los derechos ni autoriza a las fuerzas de seguridad a actuar sin límites. Las garantías que no pueden restringirse bajo este régimen deben seguir siendo respetadas y existen mecanismos legales para denunciar abusos.
La decisión de Arévalo tampoco queda únicamente en manos del Ejecutivo. La Constitución establece que el Congreso debe conocer el decreto dentro de los tres días siguientes a su emisión y tiene la facultad de ratificarlo, modificarlo o improbarlo.
Por Jonathan Hernández







