Diputado cuestiona alcances de la Ley de Ciberseguridad y advierte riesgos para la libertad de expresión

El legislador Ronald Yomelfy Portillo Cordón señaló que la normativa concentra distintas materias en un solo cuerpo legal y cuestionó la delegación de facultades al Organismo Ejecutivo.
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La aprobación de la Ley de Ciberseguridad ha generado cuestionamientos sobre sus alcances, particularmente en materia de protección de datos personales, vigilancia de comunicaciones y posibles implicaciones para la libertad de expresión y de prensa. Estos aspectos fueron abordados durante una entrevista en el espacio de análisis #ALas845, con el diputado Ronald Yomelfy Portillo Cordón.

Durante la conversación, el legislador señaló que, aunque Guatemala necesita mecanismos para enfrentar los ciberataques y proteger la información de los ciudadanos, la normativa debe establecer límites claros sobre las facultades de las autoridades.

Portillo recordó que los ataques informáticos contra instituciones gubernamentales y la circulación ilegal de datos personales en internet evidencian la necesidad de fortalecer la seguridad digital. Sin embargo, cuestionó la forma en que se planteó la legislación y advirtió que no se garantiza suficientemente la protección de los datos personales.

Cuestionamientos sobre la intervención de comunicaciones

Uno de los aspectos que preocupa al diputado es la facultad de interrumpir transmisiones de datos. Aunque reconoció que se incorporaron modificaciones relacionadas con la intervención judicial, consideró que las atribuciones continúan siendo amplias y carecen de parámetros suficientemente definidos.

A su criterio, estas disposiciones podrían generar riesgos para la libertad de emisión del pensamiento y el ejercicio de la prensa, especialmente si las facultades de vigilancia no cuentan con límites precisos.

El legislador indicó que presentó 10 objeciones sobre distintos aspectos de la normativa. Entre sus principales preocupaciones mencionó que se trasladen al Organismo Ejecutivo facultades para establecer infracciones, sanciones y multas administrativas mediante un reglamento.

Según explicó, estos elementos deben quedar establecidos en la propia ley y no delegarse a una disposición reglamentaria, ya que considera que esta práctica podría contravenir el principio de supremacía constitucional y los límites de las competencias del Congreso.

También cuestionó las disposiciones relacionadas con el monitoreo de redes y comunicaciones, al considerar que una legislación de ciberseguridad debe priorizar la protección de los usuarios y sus datos, sin establecer mecanismos de vigilancia sin límites claramente definidos.

Propone separar las leyes de protección digital

Como alternativa, Portillo expuso que Guatemala debería contar primero con una Ley de Protección de Datos Personales, que establezca las garantías fundamentales para resguardar la información de los ciudadanos.

Además, planteó la necesidad de desarrollar tres marcos legales diferenciados:

  • Ley de Ciberseguridad: enfocada en la protección de sistemas, redes e infraestructura digital.
  • Ley de Ciberdefensa: orientada a las acciones de defensa frente a amenazas y ataques en el entorno digital.
  • Ley de Ciberdelitos: dirigida a regular las conductas delictivas cometidas mediante tecnologías, cuya investigación y persecución corresponde al Ministerio Público y al ámbito de justicia.

El diputado consideró que reunir todas estas materias en un solo cuerpo legal puede generar dificultades en la delimitación de competencias y en la aplicación de las disposiciones.

La discusión sobre la ciberseguridad plantea el desafío de fortalecer la protección de las instituciones y de los ciudadanos frente a las amenazas digitales, sin dejar de garantizar los derechos fundamentales, la privacidad y la libertad de expresión.

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Merlín Yocuté

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