Estado de sitio en Zacapa e Izabal: qué implica y qué restricciones establece
Tras el anuncio realizado por el presidente Bernardo Arévalo durante la cadena nacional del domingo 15 de noviembre, Guatemala se encuentra bajo un estado de sitio en los departamentos de Zacapa e Izabal. La medida fue establecida mediante el Decreto Gubernativo 8-2026, publicado en el Diario de Centro América ese mismo domingo, con una vigencia de 30 días. Pero ¿qué significa esta disposición, qué facultades otorga a las autoridades y cuáles son las restricciones que contempla para la población?

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Los recientes ataques armados en Zacapa, que incluyen las masacres en Huité y El Tocino, así como el asesinato de un diputado y tres policías en Río Hondo, antecedieron a la declaratoria del estado de sitio en Zacapa e Izabal.

Pero ¿por qué también Izabal?

El Gobierno argumenta que informes de seguridad identifican en ambos departamentos actividades de estructuras vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado, relacionadas con ataques, amenazas e intimidaciones contra civiles y autoridades.

La medida quedó establecida en el Decreto Gubernativo 8-2026, emitido en Consejo de Ministros, con fundamento en los artículos 138 y 139 de la Constitución y la Ley de Orden Público.

¿Qué cambia para los habitantes?

Durante 30 días, las autoridades podrán restringir la circulación de vehículos en determinados lugares y horarios, limitar reuniones y manifestaciones públicas, establecer puestos de control y realizar registros.

También podrán efectuar detenciones y allanamientos sin orden judicial previa, bajo las condiciones previstas en el decreto.

Las restricciones alcanzan cinco garantías constitucionales, entre ellas la libertad de locomoción, reunión y manifestación, así como la tenencia y portación de armas.

Sin embargo, las actividades comerciales, religiosas, culturales y deportivas podrán continuar, sujetas a las disposiciones de seguridad.

Los operativos estarán coordinados por el Ministerio de la Defensa y Gobernación, mientras que el Congreso deberá conocer el decreto y decidir si lo ratifica, modifica o imprueba.

Redacción: Daniela Florián

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