En la pared del icónico edificio central de la BBC en Londres, la Broadcasting House, se puede leer una cita de George Orwell: “Si la libertad tiene algún significado, es el del derecho a decir a la gente lo que no quiere oír”.
Como gran parte de la obra del escritor y periodista británico, la frase tiene la virtud de reconfortar posiciones contrarias. Los periodistas de la cadena pública expresaron libremente durante los últimos tres años las contradicciones y errores de los euroescépticos en su defensa del Brexit.
A cambio, el ala dura de los conservadores cuestionó el anacronismo, según su punto de vista, de una institución que impone sus costos a los contribuyentes mientras sigue perdiendo peso y relevancia en un mundo controlado por las grandes plataformas digitales de contenidos por suscripción: Netflix, Disney o Amazon.
La BBC celebrará su centenario dentro de dos años, y las futuras celebraciones se vieron eclipsadas por un ataque sin precedentes a sus fundamentos, su financiación y su línea editorial por el nuevo Gobierno de Boris Johnson.
La ministra de Cultura, Nicky Morgan, contribuyó al actual estado de nervios del personal de la corporación con su discurso de principios de mes, en el que utilizó la comparación de Blockbuster (la cadena de alquiler de películas en VHS y DVD que sucumbió a la era del streaming) para expresar sus dudas sobre el futuro de la televisión pública.
“Simplemente, el mundo en el que surgió la BBC —y su financiación a través del pago individual de una licencia— cambió hasta el punto de que ya no lo reconocemos. Debemos pensar cuidadosamente qué queremos que sea en los próximos años”, anticipó.
De momento, Downing Street comenzó a plantearse la posibilidad de eliminar la sanción penal que conlleva el impago de la licencia. Todo residente en el Reino Unido que disfrute de la programación de la BBC, sea a través de un receptor tradicional de televisión o a través de su computadora o celular, debe pagar una tasa anual de unos 185 euros.
Existe un control efectivo de cada hogar, con inspecciones in situ, para comprobar el uso de sus servicios. Y una amenaza de multa de hasta 1200 euros para los infractores.
Los enemigos de la BBC defienden la necesidad de “descriminalizar” el impago. Como en toda guerra cultural, las palabras son armas. La propia Morgan sugería en su discurso la improbable consecuencia de terminar en prisión por ver los contenidos de la BBC sin pagar.
Imaginar un Reino Unido sin la BBC sería casi tan complicado como prescindir de la casa de los Windsor o del Big Ben. Concentra en su historia tantos rasgos y virtudes, y a la vez tantas contradicciones y defectos, que ningún argumento del debate sobre su existencia puede ser definitivo.
Sus defensores son incapaces de encontrar la viabilidad económica de un monstruo que devora al año 5870 millones de euros (según cifras de 2019), de las que 4400 millones proceden de la tasa individual que pagan los ciudadanos. Y que aún así tuvo el año pasado un déficit de 62 millones de euros.
La serie más vista en el Reino Unido en 2018 fue Bodyguard. La BBC hubiera necesitado más de 30 series igual de exitosas para mantener el nivel de audiencia del año anterior
. Ese es el ritmo del descenso. Los detractores intentan compatibilizar en cada ataque el evidente problema económico con la necesidad de preservar una institución que globalizó como ninguna la esencia de la cultura británica.
“El privilegio legal más relevante es su capacidad de tener una fuente de financiación que no se basa en la decisión del público de usar o no su servicio, sino en el simple hecho de tener un receptor en casa. Esto es algo que distorsiona la competencia con cualquier proveedor alternativo de contenidos”, escribió el economista Philip Booth en su informe New Vision.
Es una propuesta encargada por el centro de pensamiento conservador Institute of Economic Affairs para convertir a la BBC en una plataforma que se financie a través de las suscripciones de los usuarios. Que supondría, dicen los críticos, una notable reducción en la producción de contenidos.
“Las críticas de aquellos que defienden que la BBC debería reducir su tamaño pretenden sugerir que la televisión pública se dedica a inundar de contenidos el mercado y reduce las posibilidades de las producciones de carácter comercial. Si dejan de hacerlo, piensan, proliferarán estas últimas. No me lo creo.
Más bien lo que conseguirían es el hundimiento de las producciones británicas”, argumentó Patrick Barwise, experto en marketing de la London School of Economics y uno de los defensores más destacados del futuro de la corporación pública.
La BBC tiene su futuro asegurado hasta 2027, gracias a la Royal Chart que la corporación negoció con el Gobierno conservador de David Cameron. El tiempo corre, y el equipo de Johnson (encabezado por su asesor Dominic Cummings, el hombre detrás del éxito del Brexit y enemigo furibundo de la corporación) comienza a diseñar su venganza hacia una institución que considera plagada de “izquierdistas”.
El presidente de la BBC, Tony Hall, renunció a principios de año, con una idea estratégica. La decisión posibilita al consejo de la corporación a nombrar un sustituto que haga frente a los años venideros sin que el Gobierno pueda decir nada al respecto.
Y deberá inclinarse, dicen los expertos, hacia una persona más concentrada en los retos del nuevo entorno digital que en la noticia que deba abrir el informativo de las seis de la tarde.
