El 17 de junio se desató polémica por unas fotografías publicadas en redes sociales, en donde se observa a un grupo de personas en una fiesta realizada en una mueblería ubicada en Carretera a El Salvador, denominada fiesta clandestina dado que no respetaban las restricciones por COVID19 impuestas en ese entonces por el gobierno.
Por esta situación, se procedió a la captura de 8 personas que hoy se presentaron ante el juzgado segundo de primera instancia penal para conocer si debían enfrentar o no juicio por tales hechos al violar las disposiciones gubernamentales. Sin embargo, al acogerse a un criterio de oportunidad, la juez B, Ruth Camey, resolvió que debían pedir perdón por los hechos realizados.
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Además de la disculpa fueron condenados a los siguientes pagos:
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3 Guardias de seguridad privada con 750 quetzales
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2 asistentes y propietario de la mueblería con 15 mil quetzales
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1 asistente más con 20 mil quetzales
Estos montos deben ser pagados en material médico los cuales deben ser donados a los bomberos voluntarios y municipales así como al hospital temporal del Parque de la Industria.