Los familiares de los presos políticos en Nicaragua emitieron el lunes un comunicado en el que expresaron su alarma por las condiciones en la que sus seres queridos se encuentran en las celdas de El Nuevo Chipote y en la cárcel del Sistema Penitenciario Jorge Navarro, ambas en Managua.
El documento denunció que los presos políticos están en riesgo de muerte
Como sucedió con el exguerrillero sandinista Hugo Torres fallecido el sábado.
Por esa razón, manifestaron su preocupación apelando a la Iglesia Católica, al Comité Internacional de la Cruz Roja, a los organismos y los mecanismos de derechos humanos, y a la comunidad internacional.
Los familiares advirtieron que el estado de salud de varios de los reclusos es grave. Padecen de tos seca, síntomas de gripe, fiebre, dolor en los huesos y de cabeza, vómitos y diarrea. “Todos estos síntomas son consistentes con un posible brote de la COVID-19”, dijo el comunicado.
También alertaron
Que no han recibido la atención médica necesaria y que se les ha negado la entrega de medicamentos.
Muchos de los retenidos en El Nuevo Chipote, así como en los Sistemas Penitenciarios del país, son adultos mayores que sufren enfermedades crónicas, como hipertensión, bradicardia, Parkinson, diabetes y cáncer, agregaron.
Según el texto, han documentado los padecimientos que comenzaron a manifestarse en los presos políticos desde que están bajo custodia y tutela del Estado de Nicaragua.
Los familiares sostienen que además los presos sufrem trastornos psicológicos, “debido a las condiciones precarias e inhumanas de reclusión en las que se encuentran, incumpliendo las reglas y normas carcelarias mínimas consistentes con los derechos humanos, el aislamiento e incomunicación por periodos prolongados, la falta de acceso a salud adecuada y oportuna, entre otras”.
Siguen los juicios políticos
La denuncia tuvo lugar en medio de tensiones en el país por la muerte del exguerrillero Hugo Torres y la reanudación de juicios iniciados semanas atrás.
El lunes, la justicia afín al presidente Daniel Ortega continuó los procesos y emitió veredictos de culpabilidad contra la abogada defensora de derechos humanos María Oviedo y el gerente general de Banpro Grupo Promérica, Luis Rivas.
A ambos se les culpó del ya recurrente delito de “conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional”. Rivas tenía un cargo extra de “posesión ilegal de armas” y la Fiscalía pidió 13 años de cárcel.
Oviedo fue declarada culpable además de propagación de noticias falsas y la Fiscalía pidió ocho años de cárcel para ella.
Fuente: VOA
