En el espacio de análisis de ALas845, tres abogados examinaron el amparo otorgado al Movimiento Semilla por parte de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Erick Castillo, Juan Ramón Lau y Arturo Miranda expusieron sus posturas ante la medida que impide por el momento suspender la personalidad jurídica del partido político.
Para Castillo, el amparo dado por la CC deja ciertas lagunas legales que a futuro pueden traer impugnaciones contra la agrupación política.
“El amparo garantiza la segunda vuelta. Pero me preocupa que la CC dejó vigente el acto reclamado de la resolución del juez que suspende la personería jurídica del partido Semilla. La CC señaló equivocadamente que no suspende esa resolución porque el Tribunal ya convocó. Deja vigente la resolución del juez. Esto imposibilita la participación del binomio de Semilla en la segunda vuelta”, dijo.
Miranda por su parte resaltó la labor de los abogados del partido al momento de plantear el amparo como una amenaza al proceso electoral y señaló que la CC otorgó un amparo “más social que jurídico”.
“Los abogados de Semilla fueron hábiles. El amparo fue contra el TSE para proteger el proceso electoral. Hay un problema serio. Conozco al juez (Fredy Orellana) y es muy técnico y si resolvió así, tuvo que tener indicios claros. En el futuro esto quiere decir que los cargos pueden caerse. La CC dio una resolución más social que jurídica. Una resolución de armonía social. Pero hay un gran problema jurídico entre manos. Hay una alta probabilidad de que no sea el único partido que tenga este problema”, explicó.
Lau indicó que el Registrador de Ciudadanos, Ramiro Muñoz, puede enfrentar a la justicia al no acatar la orden del juez, que tenía la competencia para plantear una acción judicial.
“Si el Registrador no quiso acatar se arriesga a que le inicien un proceso penal. Presentaron un amparo pero no está vigente, pero sí la resolución del juez”, aseguró.
El ex candidato para jefe edil, también dijo que si la investigación fue presentada hace pocos días, se debió a que la FECI tuvo que buscar el análisis del Inacif para cotejar la firma del ciudadano que supuestamente fue falsificada.
