En las últimas semanas, Chiapas, México, ha sido escenario de una escalada de violencia que no solo afecta a las comunidades locales, sino también a Guatemala, donde cientos de personas han buscado refugio para escapar de los enfrentamientos.

Los grupos del crimen organizado, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, se disputan el control territorial, incrementando los asesinatos, desapariciones forzadas y desplazamientos de poblaciones enteras.

Durante la última semana de agosto el CJNG protagonizó un nuevo hecho violento al instalar un “narco-retén” en Huehuetenango, Guatemala, cerca de la frontera.

Según el diario Milenio, fue en Santa Eulalia, en donde vehículos y personas fueron revisadas en este punto, marcando la primera vez que un cártel mexicano establece un control en suelo guatemalteco.

El Ejército de Guatemala, tras recibir informes del retén, desplegó una unidad de la Base de Operaciones para Montaña para evitar más situaciones similares.

El 12 de septiembre un grupo de élite militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), apoyados por miembros de la Guardia Nacional (GN), capturaron en Villaflores, Chiapas, a Marco Aurelio Hernández, alias “El Peligro”, un ex agente ministerial de Chiapas, que trabajaba para el Cártel Chiapas y Guatemala, que se disputa con el Cártel de Sinaloa, el control de la entidad y la frontera sur.

El 13 de septiembre, miles de católicos de las diócesis de San Cristóbal, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez marcharon en la capital de Chiapas para exigir paz.

Los obispos denunciaron que la violencia somete a las comunidades: los habitantes son utilizados como escudos humanos, obligados a colaborar en retenes y sometidos a cuotas impuestas por los cárteles. Esta realidad ha forzado a muchos a huir, dejando atrás todo su patrimonio.

El impacto de esta violencia cruza fronteras. Desde finales de 2023, las diócesis chiapanecas han señalado que el conflicto en la frontera con Guatemala ha generado un desplazamiento forzado. En agosto de 2024, más de 300 mexicanos ingresaron a Cuilco, Huehuetenango, huyendo de los enfrentamientos. Las autoridades guatemaltecas, en coordinación con organismos internacionales como Unicef y la Organización Internacional para las Migraciones, han brindado asistencia humanitaria a estos desplazados, otorgándoles estatus de permanencia provisional.

La situación se agrava con la falta de reconocimiento formal del desplazamiento forzado por parte del gobierno mexicano, que se refiere a las víctimas como personas “en situación de vulnerabilidad”. A pesar de los esfuerzos del gobierno de México por garantizar el retorno seguro de sus ciudadanos, la persistencia de los grupos criminales sigue siendo una barrera.

Este conflicto tiene repercusiones directas en Guatemala, donde las autoridades migratorias han extendido el estatus de permanencia a los desplazados y han implementado medidas para regularizar su situación, garantizando acceso a servicios básicos.

A finales de agosto un total de 21 mexicanos refugiados en Cuilco, Huehuetenango, recibió el estatus de permanencia provisional en el país, informó ayer el Instituto Guatemalteco de Migración.

La institución detalló que tras un mes de haber otorgado permanencia por razonas humanitarias a 279 de los desplazados, 21 solicitaron la estadía como refugio y 127 prórroga para continuar su estancia en el territorio nacional.

La categoría que se le dio a los 21 solicitantes les garantiza una protección internacional y les permite contar con un permiso de trabajo, apertura de cuentas y continuar su proceso de legalización.