En el espacio de análisis de ALas845 se discutieron los impactos, retos y beneficios para el país de la Ley de Competencia recientemente aprobada por el Congreso.
Rubén Morales, ex ministro de Economía y experto en desarrollo económico, dijo que los aranceles no son ámbito de la ley, pero se entiende que la normativa busca la eficiencia económica.
El exfuncionario añadió que la ley también tiene el objetivo estar “vigilante” del comportamiento de las empresas en el mercado.
“Si la Superintendencia encuentra una barrera a la competencia, por ejemplo, en la televisión por cable, y si nadie puede entrar a este mercado, la Superintendencia de Competencia puede recomendar al Ejecutivo y al Legislativo que esa barrera se elimine”, dijo.
Morales indicó que por lo menos se espera que los precios bajen en un contexto de competencia, además de que los consumidores tengan más acceso a productos y servicios.
Añadió que la normativa sí “cubre un vacío” de identificar las barreras y las empresas que tienen prácticas anticompetitivas.
El exministro recordó que en un caso en Chile, dos empresas se pusieron de acuerdo en los precios del papel higiénico, señalando que de este tipo son las prácticas anticompetitivas “absolutas”; mientras que las prácticas relativas es cuando se investigan a competidores para que demuestren por qué hacen ciertas acciones; en este caso puso como ejemplo los contratos de exclusividad.
Morales afirmó que para reducir la discrecionalidad se debe designar personas honorables.
“No es que un empresario sea malo, que el político sea corrupto, entonces es bien relativo quitar la discrecionalidad de una persona”, señaló.
Para el exfuncionario, la clave de la futura Superintendencia de Competencia es determinar que existe un acuerdo entre dos empresas para fijar precios, por ejemplo.
“Esto es importante para preparar al personal. Por ejemplo, en el Banguat los funcionarios son de carrera”, indicó.
El funcionario agregó que la capacidad de investigar de la entidad cobrará vigencia en dos años.
Sobre las posibles inconstitucionalidades de la ley, dijo “no atreverse” a adelantar que en un futuro la normativa incurra en estas faltas.
Morales dijo que la ley “como tal” no incide en los precios, sino que se promoverá la eficiencia económica.
“Es de sancionar a los acuerdos que perjudican a la economía, no solo es beneficiar al consumidor. Entonces con los precios no es un efecto directo inmediato”, señaló.
