En enero de 2025, se denunciaron cobros indebidos en colegios privados de Guatemala. Las autoridades intensifican la supervisión para sancionar aumentos no autorizados en colegiaturas y útiles escolares.
El incremento de denuncias por cobros indebidos en colegios privados de Guatemala ha encendido las alarmas entre las autoridades y los padres de familia. Durante la primera semana de enero, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO) registró cuatro denuncias relacionadas con alzas en colegiaturas y precios de útiles escolares, todas en el departamento de Guatemala.
En respuesta, el Ministerio de Educación (Mineduc) y la DIACO han intensificado esfuerzos para investigar y sancionar a los establecimientos que incumplan las normativas vigentes. Estas medidas buscan proteger la economía de las familias y garantizar el respeto a los derechos de los consumidores.
Karina Donis, directora de la DIACO, enfatizó que, conforme al acuerdo gubernativo 36-2015, los colegios privados están obligados a tener un libro de quejas y un contrato de prestación de servicios aprobado por la institución. Este marco legal regula los cobros de colegiaturas, útiles y uniformes, con el objetivo de prevenir abusos que perjudiquen a las familias guatemaltecas.
En el año 2024, la DIACO registró más de 10,000 denuncias relacionadas con cobros injustificados en colegios privados. Estas denuncias incluyen cargos excesivos por útiles escolares, uniformes y otros servicios no estipulados en los contratos firmados con los padres de familia.
El viceministro técnico de Educación, Francisco Cabrera, aseguró que el Mineduc, en colaboración con la DIACO, lleva a cabo operativos de supervisión para garantizar que los colegios privados cumplan con las regulaciones establecidas y evitar que estas prácticas afecten a las familias guatemaltecas.
El Mineduc subrayó que, de acuerdo con la Constitución Política de la República, la educación pública es gratuita, por lo que cualquier cobro en escuelas estatales es ilegal. En el caso de los colegios privados, las autoridades han establecido un manual para regular los cobros y garantizar la transparencia en la gestión escolar.
Por Andrea Palacios