La fuga de 20 reos del Barrio 18 en el Centro de Detención para Hombres Fraijanes II, ocurrida el pasado 11 de octubre, ha encendido alarmas en distintos sectores del país, especialmente en el ámbito privado y judicial. El CACIF Guatemala y la Fiscal General, Consuelo Porras, fueron de los primeros en pronunciarse, alertando sobre la gravedad del hecho y la necesidad de acciones inmediatas.

La presidenta en funciones, Karin Herrera, en su perfil oficial en “x” mencionó: “Es inaceptable lo sucedido en el Sistema Penitenciario de Guatemala y los responsables deben enfrentar las consecuencias con todo el peso de la ley.” Así mismo, se refirió a que es prioridad la busqueda y recaptura de los 20 reos que se fugaron de Fraijanes II.

En un comunicado, el CACIF calificó la fuga como “una grave amenaza a la seguridad nacional y un riesgo latente para la seguridad internacional”. El sector productivo exigió la recaptura urgente de los reos, investigaciones exhaustivas que abarquen toda la cadena de mando y la aplicación rigurosa de la ley para quienes resulten responsables, señalando además la alarmante negligencia de las autoridades del Ministerio de Gobernación.

Por su parte, la Fiscal General Consuelo Porras condenó la evasión y destacó que evidencia fallas graves en los mecanismos de control y vigilancia del Sistema Penitenciario, subrayando la necesidad de reforzar la seguridad en los centros de detención.

El director del Sistema Penitenciario, Ludin Astolfo Godínez, confirmó que la fuga fue planificada, con posible apoyo interno y externo, y reconoció deficiencias en los sistemas de monitoreo y control del penal. Mientras tanto, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, aseguró que se están tomando medidas inmediatas para reforzar la seguridad y garantizar la transparencia de las acciones en Fraijanes II.

La fuga también ha generado reacciones en el ámbito político. El diputado electo David Illescas, del partido Movimiento Semilla, calificó el hecho como “la muestra máxima de incompetencia” y cuestionó la tardanza del Ministerio de Gobernación en reaccionar.

Hasta ahora, las autoridades mantienen operativos de recaptura activos y han reforzado los controles internos del centro penitenciario, pero los pronunciamientos del CACIF y de la Fiscal General dejan en evidencia la preocupación por la seguridad del país y la necesidad urgente de mejorar las estructuras penitenciarias.

Redacción por Andrea Palacios