Guatemala atraviesa un punto crítico en su sistema financiero ante el riesgo de ser incluida en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un estatus que pondría en entredicho la confianza del país en los mercados internacionales, encarecería las operaciones bancarias y podría afectar la llegada de inversión extranjera.

De acuerdo con la Superintendencia de Bancos (SIB), solo en mayo de 2025 se registró un incremento del 323 % en los montos denunciados por lavado de dinero, una cifra que revela no solo un aumento en la detección de transacciones sospechosas, sino también la urgencia de reforzar los mecanismos de supervisión, cumplimiento y cooperación interinstitucional.

En ese contexto, Canal Antigua reunió en un espacio de análisis a Juan Fernando Argueta, Intendente de Verificación Especial en funciones, y a José Estuardo Córdoba, Director Ejecutivo de la Cámara de Finanzas, para debatir sobre los avances y desafíos de la Ley Antilavado 2025 y su papel en la estabilidad del sistema financiero nacional.

Ambos expertos coincidieron en que el país debe acelerar la implementación de estándares internacionales de transparencia y trazabilidad, fortalecer la unidad de inteligencia financiera y garantizar una coordinación efectiva entre el Estado y el sector privado para demostrar ante el GAFI un compromiso real contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Redacción por Brandon Montenegro