Por medio de una iniciativa diputados disidentes del oficialismo proponen otorgar amnistía a los integrantes de organizaciones indígenas y campesinas que participaron en las manifestaciones y bloqueos del 2023.
Diputados disidentes del oficialismo, agrupados en el bloque Raíces, presentaron la iniciativa Ley por la Libertad y la Democracia Pacheco-Chaclán, que busca conceder amnistía a integrantes de organizaciones indígenas y campesinas que participaron en las protestas y bloqueos realizados entre julio de 2023 y enero de 2024.
La propuesta, integrada por siete artículos, plantea absolver de responsabilidad penal a quienes hayan sido investigados, procesados o condenados por su participación en esas manifestaciones, consideradas por los proponentes como una defensa de la democracia y del respeto a los resultados electorales.
El diputado Román Castellanos indicó que varias autoridades indígenas enfrentan procesos penales impulsados por el Ministerio Público, entre ellas los líderes de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, quienes —según dijo— aún no han sido escuchados en la etapa intermedia del proceso judicial.
La propuesta de los legisladores es eliminar por completo la responsabilidad penal para aquellos que hayan sido autores, cómplices o encubridores de delitos detallados en los siguientes títulos del Código Penal:
- Contra la seguridad del Estado
- Contra el orden institucional
- Contra el orden político interno del Estado
- Contra el orden público
- Contra la tranquilidad social
- Contra la administración pública
También se incluye amnistía para los delitos de asociación ilícita, obstaculización a la acción penal y obstrucción a la justicia, que hayan sido efectuados durante las protestas ciudadanas del 13 de julio de 2023, hasta el 30 de enero de 2024.
El artículo 4 establece que, para aplicar el perdón, el juez de causa deberá celebrar audiencia para que se decrete el sobreseimiento, otorgándole la libertad inmediata y el cese de cualquier medida de coerción que hubiera sido dictada en contra del acusado. Este procedimiento se efectuará a petición de la parte o su abogado defensor.
El mismo artículo aclara que las órdenes de captura contra los integrantes de pueblos indígenas y comunidades campesinas que hayan sido giradas por los delitos especificados en la norma serán revocadas inmediatamente.
Por Bryan Choy
